Primer tropiezo de la ley que reduce salarios a funcionarios: un juez otorgó la suspensión provisional para una magistrada

La solicitud de amparo la presentó la magistrada de circuito Sonia Rojas Castro ante un juzgado federal con sede en Mazatán, Sinaloa, que al aceptar el trámite de esta petición congeló la aplicación de la ley para el caso de la solicitante.

Este es el primer trámite de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, que pone como límite el salario del presidente para el resto de los altos funcionarios, quienes en el pasado podían ganar incluso más.

Ahora, en cambio, ningún servidor público podrá ganar más que el próximo mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien percibirá 108.000 pesos mensuales (unos 5.400 dólares).

Las disposiciones de esta legislación, que también elimina prestaciones extraordinarias para los funcionarios públicos –como seguros de gasto médicos mayores, bonos y pago de servicios a costa del erario–, despertó la inconformidad en la administración pública federal.

No obstante la magistrada se convierte en el primer caso que recibe la protección momentánea de la justicia federal frente a la norma, en tanto se resuelve un posible juicio de amparo.

A partir de este momento, se espera un alud de trámites de amparo contra la ley que aprobó el partido Morena en el Congreso de México.

"En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales", anota el juez Ramón Lozano en el acuerdo.

De modo que en tanto no hay un juicio de amparo que resuelva si la ley viola o no sus garantías, la magistrada seguirá recibiendo su salario sin ajustes.

El juez consideró pertinente su decisión para proteger la autonomía e independencia en la toma de decisiones judiciales.

Destacó que el artículo 94 constitucional establece "la irreductibilidad" de las remuneraciones de los servidores públicos como ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, mientras dure su encargo.

La magistrada Rojas Castro interpuso su demanda de amparo el pasado 15 de noviembre, en contra de la aprobación y emisión del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y adicionó el Código Penal Federal.

En el texto de su demanda, la magistrada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Sinaloa sostiene que con la legislación vulnera sus derechos garantizados en los artículos 1, 14, 16, 17, 75, 94, 123 y 127 de la Constitución mexicana.

Será el próximo 13 de diciembre cuando se realice la audiencia constitucional y, una vez revisados los informes y argumentos del Congreso de la Unión, se determinará si se le concede una nueva suspensión hasta que el juicio de amparo concluya.

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