Homenaje a Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en marzo de este año (AP)
Homenaje a Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en marzo de este año (AP)

Los defensores del medio ambiente en Guatemala y Honduras son los que enfrentan el mayor peligro a nivel mundial ante la falta de instancias que se opongan a los intereses de las grandes empresas y los gobiernos.

Activistas y un informe de Amnistía Internacional (AI) presentado esta semana en México, que describe los riesgos que enfrentan quienes se oponen a las grandes obras que atentan contra el medio ambiente, los recursos naturales y los pueblos nativos, tanto en Guatemala como Honduras, relatan cómo después del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres, hace seis meses, no han cesado los ataques en contra de quienes se oponen a la destrucción de sus comunidades.

Según la organización Global Witness, el 65% (122 de 185) de los asesinatos de defensores de los derechos humanos que trabajaban involucrados en asuntos de la tierra o el medio ambiente registrados en 2015 tuvieron lugar en Latinoamérica. Ocho tuvieron lugar en Honduras, y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región.

"El reto es protegerlos – a los activistas- en la práctica y si no se puede, que los organismos internacionales suspendan la financiación a estos países hasta que no garanticen la seguridad de los defensores y defensoras del medio ambiente", dijo en entrevista Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, organización sin fines de lucro con representación en la menos 20 países, entre ellos, Argentina, Brasil y Colombia.

El reto es proteger a los activistas y si no que los organismos internacionales suspendan la financiación a estos países

El informe de AI relata cómo en estos dos países los ambientalistas son víctimas de una oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios. Los más afectados son aquellos que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, la extracción de maderas y la producción de energía hidroeléctrica.

Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, durante la conferencia de Amnistía Internacional en México (Cortesia Sergio Ortiz Bobolla, Amnistia Internacional)
Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, durante la conferencia de Amnistía Internacional en México (Cortesia Sergio Ortiz Bobolla, Amnistia Internacional)

"La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal", señaló Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El Índice Global de Impunidad (IGI) al año 2015, ubica a Honduras como el séptimo país con el mayor nivel de impunidad en el mundo.

A lo anterior se debe sumar, según el mismo índice, que en el país se registran un promedio de 13 muertes diarias y que cuando en una misma persona se suman los factores de ser mujer y defensora de los derechos humanos, el hostigamiento es mayor. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras registró entre 2012 y 2014 un total de 1.688 agresiones con este tipo de perfil en El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

El Índice Global de Impunidad (IGI) de 2015, ubica a Honduras como el séptimo país con el mayor nivel de impunidad en el mundo
 

La vida después de Berta

El asesinato de Berta Cárceres, el 2 de marzo de este año, mientras se encontraba en su casa –en las cercanía de Tegucigalpa, Honduras- con el activista mexicano Gustavo Castro, fue, a juicio de los ambientalistas, un crimen que prendió las alarmas y marcó el inicio de una "feroz" persecución en contra de quienes defienden estas causas.

Cáceres era líder del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que promueve la defensa del territorio del pueblo Lenca y ha propulsado la resistencia contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque –en la zona oeste.

Desde hacía tres años trabajaba para proteger el río del impacto potencialmente negativo de la represa que se planea construir en la zona.

“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Érika Guevara-Rosas, directora de Amnist+ia Internacional para las Américas  (Cortesia Sergio Ortiz Borbolla, Amnistia Internacional)
“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Érika Guevara-Rosas, directora de Amnist+ia Internacional para las Américas  (Cortesia Sergio Ortiz Borbolla, Amnistia Internacional)

Desde que empezó con la campaña, la activista recibió amenazas de muerte, que no se investigaron adecuadamente, según denuncia AI. Las autoridades hondureñas no le brindaron protección efectiva pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado que lo hiciera.

En vida, la activista logró que la empresa ejecutora del proyecto, la constructora china de represas Sinohydro, se retirara y el Banco Mundial (BM) cortara el financiamiento.

"Sinohydro aclara que ha sido por la conflictividad que ha generado ( por el asesinato de Berta y del indígena Tomás García, en el año 2013)", dijo Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista, quien presentó el informe de AI.

Zúñiga Cáceres y quienes mantienen viva la causa de su madre temen que el proyecto se traslade al otro lado del río –alegando que no se trata de territorio indígena, y busque nueva financiación de otros organismos internacionales.

 

Los riesgos en Honduras

Los ataques, las amenazas y el acoso contra los miembros de COPINH y de su organización hermana Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), que trabaja para proteger el territorio del pueblo indígena lenca, se intensificaron tras el asesinato de Berta. Los miembros de la comunidad afirman que individuos desconocidos los han estado acosando cerca de sus casas y de la emisora de radio comunitaria.

El 15 de marzo, 13 días después del asesinato de Berta, Nelson García, otro líder de COPINH, fue asesinado a tiros en la calle cuando regresaba en motocicleta a su casa tras haberse reunido con la comunidad para organizar una protesta que se celebraría ese mismo día. Las autoridades abrieron una investigación, pero aún no hay resultados.

El 2 de mayo, el periodista hondureño Félix Molina fue víctima de un atentado cuando viajaba en taxi por la capital, Tegucigalpa, tras haber publicado un artículo sobre el caso de Berta. Se desconoce quién es el responsable.

Activistas se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, frente al río Gualcarque de Honduras.
Activistas se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, frente al río Gualcarque de Honduras.

El 6 de julio apareció en un basurero de la ciudad de Marcala –en la frontera con El Salvador- el cuerpo sin vida de la activista Lesbia Urquía. Días después, las autoridades detuvieron a dos hombres, pero hasta ahora no existe acusación formal en su contra.

Una semana después, un líder del MILPAH, Martín Gómez Vásquez, fue apedreado cuando salía de la comunidad de Azacualpa – en la zona oeste-. Relató que los atacantes eran miembros de una familia que se atribuye la propiedad de una parte de las tierras que han pertenecido a los lencas desde sus ancestros. No existe investigación sobre el ataque.

El 13 de julio, la oficina de Víctor Fernández, defensor de los derechos humanos y abogado que representa a la familia de Berta Cáceres, fue asaltada. Los ladrones sólo se llevaron información relativa al caso de Berta. La policía ha dicho que está investigando lo sucedido, pero hasta el momento no ha habido resultados.

"El trágico asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado un mortal punto de inflexión para quienes defienden los derechos humanos en la región. La falta de una investigación transparente y efectiva sobre su homicidio ha transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido", manifestó Erika Guevara-Rosas.

De acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional, aunque en Honduras se ha establecido por ley un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, en la práctica el programa no se ha aplicado adecuadamente a causa de la falta de voluntad política y recursos económicos. Las personas que defienden los derechos humanos han denunciado que no se les consulta adecuadamente sobre sus necesidades, y que en ocasiones la protección que se les ofrece procede de las mismas fuerzas de seguridad sospechosas de los ataques o amenazas de que son víctimas.

 

Guatemala y la difamación contra activistas

El documente agrega que en Guatemala, los activistas ambientales y que trabajan sobre el derecho a la tierra han sido objeto de constantes campañas de difamación con el objetivo de estigmatizarlos y desacreditarlos para obligarlos a abandonar su trabajo. Las campañas han incluido procesos bajo falsas acusaciones.

"Las comunidades que luchan contra los proyectos mineros y de explotación de otros recursos naturales en sus tierras se han visto especialmente afectadas", apostilla.

Destaca que este año, una de las ex líderes de Resistencia Pacífica La Puya –organización cerca de la capital guatemalteca que lucha contra un proyecto minero local– fue amenazada, junto con sus hijos menores.

Las comunidades que luchan contra los proyectos mineros y de explotación de otros recursos naturales en sus tierras se han visto especialmente afectadas

La afectada, de la que se omite su nombre, liga las amenazas a su oposición a la mina, cuyos trabajos traerían afectaciones a su comunidad.

Hacia esa misma hora, uno de los principales periódicos nacionales, Prensa Libre, publicó un anuncio de página completa en el que un importante representante de una empresa minera del país acusaba de "terrorismo" a organizaciones de derechos humanos, y contribuía así al patrón de estigmatización.

"¿Cuántos defensores y defensoras más de los derechos humanos, como Berta, tienen que morir para que las autoridades actúen con el fin de proteger a las personas que defienden nuestro planeta? La falta de justicia contribuye a la atmósfera de miedo e impunidad que facilita estos crímenes", cuestionó Érika Guevara-Rosas.