Orillado por la presión de Estados Unidos de amainar el flujo migratorio que llega a la frontera sur de ese país, México desplegó a 6.000 elementos de la Guardia Nacional en los márgenes del río Suchiate, que divide a Chiapas de Tecún Uman, Guatemala.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador endureció las medidas de control migratorio en las zonas de tránsito de migrantes.

Integrantes de la Guardia Nacional establecieron un retén sobre la carretera Comalapa -Comitan como parte del cumplimiento de los acuerdos que el gobierno mexicano pactó con el gobierno de Estados Unidos, en el cual México deberá en 45 días disminuir el flujo migratorio para que el gobierno estadounidense no incrementé los aranceles.

El fin de semana Tonatihú Guillén renunció a su cargo como director del Instituto Nacional de Migración. Su lugar será tomado por Francisco Garduño, quien se desempeñaba como comisionado de las cárceles federales.

Aunque el gobierno negó la militarización de la frontera, en la zona es perceptible el incremento de militares y controles. El Ejército y la Policía Federal, colaboran con la Guardia Nacional para detectar a los migrantes indocumentados.

Las estaciones migratorias en Chiapas están saturadas por la cantidad de personas, en su mayoría de origen centroamericano, que aguardan por aclarar su estatus en el país.

Organizaciones civiles y de derechos humanos han denunciado hacinamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Chiapas.

La Guardia Nacional fue creada hace solo unas semanas con la consigna de pacificar el país, atendiendo problemas de seguridad pública. Su asignación a labores migratorias surgió de forma excepcional.

El Gobierno está implementando medidas extraordinarias como la solicitud de documentos oficiales a viajantes en centrales camioneras.

Pero no solo la frontera sur de México se ha plagado de militares. En Chihuahua también se registra un aumento de las actividades de vigilancia.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, así como del Instituto Nacional de Migración realizaron un recorrido a lo largo del bordo del Río Bravo, aparentemente, con el fin de inhibir la migración. Los agentes y militares patrullaron divididos en tres grupos, sin embargo hasta el momento no se ha dado una versión oficial.

En los pasos fronterizos hay una estrategia de contención de migrantes que intentan llegar hasta las autoridades de los Estados Unidos para solicitar asilo.

México tiene 45 días para amainar el flujo migratorio que llegó en 2019 en números récord a Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a las importaciones mexicanas.

Miles de migrantes deberán esperar en territorio mexicano por su audiencia con un juez estadounidense que revise su solicitud de asilo. El trámite puede durar años.

El Ejército realizó labores de patrullaje en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"El Gobierno decidió empezar un proceso en donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes y por qué vienes; y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir 'no queremos que atravieses nuestro territorio', si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país", explicó el canciller Marcelo Ebrard hace una semana.

Elementos de la Policía Naval Militar realizaron labores de vigilancia en las inmediaciones del Río Suchiate en busca de embarcaciones con personas migrantes que buscan ingresar al territorio nacional.

El Gobierno mexicano aseguró que los militares actuarán con apego a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos de los migrantes.

La Marina también se integró a las labores de contención de miles de migrantes en la frontera sur.

En caso de que México no logre disminuir el flujo migratorio a Estados Unidos en los próximos 45 días, deberá regresar a las mesas de negociación con Estados Unidos y posiblemente convertirse en un "Tercer País Seguro".

López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negaron la militarización de la frontera, argumentando que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, sin embargo activistas acusan a las autoridades de disfrazar la realidad.