El gobierno de Trump amplió la autoridad para las deportaciones rápidas de migrantes sin la mediación de un juez

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que expandirá ampliamente la autoridad de los agentes de inmigración para deportar a migrantes sin que se les permita comparecer primero ante un juez, su segundo gran cambio en materia migratoria en los últimos días.

A partir del martes, las deportaciones aceleradas podrán ser aplicadas a cualquier persona que lleve menos de dos años en el país de manera ilegal. Previamente dichas repatriaciones se limitaban principalmente a las personas que eran arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.

El nuevo apretón de tuerca en la política migratoria se produce mientras se mantiene activa la amenaza de las temidas redadas masivas, vigentes desde el pasado 14 de julio y dirigidas a unos 2.000 inmigrantes con órdenes de deportación que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.

Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, describió la extensión a nivel nacional de la autoridad de "retiro expedito" como un nuevo intento del gobierno federal de atender la "crisis actual en la frontera sur" al poner a disposición camas en los centros de detención y reducir el retraso de más de 900.000 casos migratorios pendientes.

Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidas a la "gran mayoría" de las personas arrestadas en la frontera con México, lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el diario oficial.

Dijo que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, en donde los casos pueden tomar años en resolverse.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) y el American Immigration Council señalaron que entablarán una demanda para bloquear la medida. "Bajo este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados con un proceso debido menor que en un tribunal de infracciones de tránsito", dijo Omar Jawdat, director del Proyecto por los Derechos Migrantes de la ACLU.

El "retiro expedito" les da a las agencias del orden una extensa autoridad para deportar personas sin permitirles comparecer ante un juez de inmigración, con algunas excepciones, incluyendo si expresan temor de volver a su país de origen y aprueban una entrevista inicial para la solicitud de asilo.

La medida fue creada conforme a una ley de 1996 pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.

Las deportaciones aceleradas se han convertido en una parte importante del combate federal a la inmigración ilegal durante la última década. Detractores de la medida aseguran que les otorga demasiado poder a los agentes migratorios y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Según la norma, cualquier extranjero que sea colocado en un proceso de deportación "acelerada" y que manifieste su intención de solicitar asilo o que exprese temor a ser perseguido o torturado de regresar a su país, "será entrevistado por un oficial de asilo" que determinará su tiene "un temor creíble". Solo si el oficial cree que el temor es creíble, el extranjero pasará a tener una audiencia con un juez de inmigración para que considere su solicitud de asilo.

Es difícil pronosticar el impacto potencial de la nueva medida. McAleenan dijo que 20.570 personas arrestadas en el interior de la nación de octubre de 2017 a septiembre de 2018 llevaban menos de dos años en Estados Unidos, por lo que, según la nueva norma, reúnen las condiciones para una deportación expedita.

Los críticos dicen que la medida podría tener un mayor alcance porque muchas personas que llevan más de dos años en Estados Unidos podrían no poder demostrar el tiempo que han estado en el país.

"Ampliar el procedimiento de agilización para que sea aplicable en cualquier parte de Estados Unidos es una receta para separar a miles de familias más y devastar comunidades", dijo Grace Meng, subdirectora interina del programa del grupo activista Human Rights Watch para Estados Unidos. "Este es un cambio masivo y peligroso".

El anuncio fue el segundo cambio importante de políticas en ocho días tras un incremento sin precedentes en la llegada de familias provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

La semana pasada, el gobierno dijo que denegará el asilo a cualquiera que pase por otros países para llegar a Estados Unidos sin solicitar protección en al menos uno de esos países.

(Con información de AP y EFE)

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