Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano
Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano

Estados Unidos evalúa permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba luego de la revolución comunista, anunció el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtiendo en especial a las empresas extranjeras que puedan beneficiarse de esta situación.

Pompeo dijo que estaba revisando avanzar con la Ley de Libertad, una norma de 1996 que permitiría a los exiliados cubanos demandar tanto a las empresas privadas como a la propia Cuba por obtener ganancias de propiedades nacionalizadas después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Hasta ahora, los gobiernos estadounidenses han usado su autoridad para retrasar la implementación de esta ley cada seis meses, pero Pompeo anunció que emitirá una suspensión por solo 45 días a partir del 1 de febrero.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en un comunicado que durante ese período la administración del presidente Donald Trump llevaría a cabo una "revisión cuidadosa" del tema.

En concreto, para decidir si activa el título III, Pompeo tendrá en cuenta los esfuerzos "para acelerar la transición a la democracia en Cuba" y valorará "factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Además, Pompeo examinará el "apoyo indefendible" que Cuba ofrece a "los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua".

El documento también señaló que se alienta a que aquellos que tengan negocios en Cuba a que reconsidere "si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura".

"Una suspensión de 45 días presenta la posibilidad de un panorama político, económico y comercial amenazante para Cuba, los países miembros de la Unión Europea y miembros de la Organización Mundial de Comercio", advirtió en un comunicado John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, organización que busca promover el intercambio comercial con la isla comunista.

El régimen cubano reaccionó el miércoles rechazando el anuncio. "Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a Cuba. Brutal ataque al Derecho Internacional y a terceros Estados", tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

El canciller cubano destacó que desde 1996 todos los mandatarios estadounidenses han suspendido la aplicación de la ley "debido a la flagrante extraterritorialidad y daños que provocaría a intereses corporativos de Estados Unidos. Sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a cortes de Estados Unidos".

Reversión de la era de Obama

Esta advertencia es otro cambio brusco de las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.

Barack Obama visitó a Raúl Castro en Cuba en marzo de 2016 (Reuters)
Barack Obama visitó a Raúl Castro en Cuba en marzo de 2016 (Reuters)

Incluso antes de la campaña de reconciliación promovida por Obama, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos determinaron que la Ley de Libertad arriesgaría relaciones clave, ya que aliados europeos y Canadá han hecho grandes inversiones en Cuba.

La Unión Europea (UE) presentó protestas y se quejó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) tras la aprobación en 1996 de esta norma, que autoriza las demandas de propiedad en tribunales estadounidenses como parte de una expansión del embargo que el país norteamericano ejerce sobre Cuba.

La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano de extrema derecha Jesse Helms y el congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.

En un discurso ante exiliados cubanos anticastristas en Miami después de asumir el cargo en 2017, Trump calificó las políticas de Obama de "terribles y equivocadas". 

El mandatario mantuvo las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses y los negocios en Cuba. Además, ha reducido el personal de la embajada de EEUU en La Habana y ha cerrado su oficina de asuntos migratorios en la isla, lo que obliga a los cubanos a tramitar en terceros países los visados que necesitan para viajar a territorio estadounidense.

(Con información de AFP y EFE)

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