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Los defensores de los inmigrantes están indignados por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender un programa que asesora a decenas de miles de personas a orientarse en el complejo sistema de cortes migratorias del país.
El programa de ocho millones de dólares que proporciona ayuda legal a las personas implicadas en procesos de deportación está suspendido a la espera de una revisión, según el Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración.
Cada día que este programa no está operativo pone en peligro la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades y vulnera el derecho de todas las personas a tomar decisiones informadas sobre sus reclamos legales
La decisión, que se conoció esta semana, enojó a los defensores de los derechos de los migrantes, que dijeron que la ayuda era un salvavidas para los solicitantes de asilo y otros migrantes que luchan contra la expulsión del país sin la ayuda de un abogado.
"Cada día que este programa no está operativo pone en peligro la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades y vulnera el derecho de todas las personas a tomar decisiones informadas sobre sus reclamos legales", dijo el Instituto Justicia Vera, con sede en Nueva York, en un comunicado.
El programa ayuda cada año a más de 50.000 personas detenidas en centros para migrantes, según Vera. La iniciativa comenzó a funcionar en 2003.
Los inmigrantes que no pueden permitirse contratar a un abogado ni encontrar a uno que los ayude gratuitamente deben representarse a sí mismos en los casos de deportación. Para muchos, el programa es su única fuente de ayuda legal para guiarse en el complejo y abrumador sistema.
Los grupos realizan sesiones grupales con migrantes detenidos para proporcionarles una idea general del proceso de expulsión y ofrecen orientación individual.
El programa ayuda a los migrantes a tomar decisiones más informadas y ayuda a cerrar los casos más rápidamente, según el cibersitio de las cortes de inmigración.
Estos tribunales sufren una enorme demora de más de 600.000 casos, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Syracuse University.
(Con información de AP)
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