La capacidad del Estado para resolver los asesinatos de líderes sociales es débil: Alicia Arango

Alicia Arango, ministra del Interior, aseguró, durante un debate de control político en la plenaria del Senado el pasado martes, que el Estado colombiano tiene una “débil presencia y capacidad” para afrontar la situación de asesinato masivo de líderes sociales, manifestó que la defensa de los derechos humanos en el país “se convirtió en un riesgo”.

“No podemos negar la débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos, amenazas y riesgos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y reincorporados”, expuso la funcionaria que, además se dio a la tarea de hacer comparación de cifras de personas que han perdido su vida en actos violentos desde la posesión de Iván Duque como presidente hasta hoy, es decir, desde el 7 de agosto de 2018.

Desde el inicio del mandato de Duque, quien apenas va en la mitad de su periodo presidencial que terminará en 2022, hasta el 21 de noviembre, se registraron 194 muertes de líderes asesinados, según explicó la ministra, de los que, 51 están confirmados como líderes y 57 siguen en trámites de verificación de sus identidades en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Todo esto obedece al reacomodamiento de grupos armados, disputas territoriales, reconfiguración de alianzas entre terroristas y delincuencia y explotación ilícita de minerales, así como imaginarios y prejuicios en contra de labor de derechos humanos. Hay una estigmatización contra los defensores”, añadió Alicia Arango que calificó los crímenes como ‘desafortunados’.

Estas cifras fueron tan solo una parte de lo que se presentó en la plenaria pues, Aida Avella, senadora de la unión patriótica, destacó que las cifras eran mayores teniendo en cuenta los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según esa entidad, y lo destacado por Avella ante los demás senadores, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 23 de noviembre de este mismo año, han sido asesinados 259 líderes sociales, es decir 65 casos más de los que expuso Arango en su intervención. Avella contrastó que, con base en esas cifras, se calcula que se han venido asesinando a 5 líderes por semana.

“Aquí en Colombia es evidente que el Gobierno Nacional juega un papel de pasividad en el genocidio y, en algunos de los crímenes, las víctimas advierten de la participación de agentes del Estado en los crímenes, en el terror en el campo y las masacres”, denunció Avella que también resaltó que, de los 259 líderes sociales hay 89 nombres víctimas que hacían parte de poblaciones indígenas, 79 campesinos, 30 líderes comunales, 25 líderes cívicos, 15 personas afrodescendientes, 10 sindicalisas, tres miembros de la comunidad LGBTTIQ+, tres mineros, tres periodistas y dos defensores del medio ambiente.

De la misma manera, la senadora y presidenta de la Unión Patriótica, aseguró que esa era solo la punta de un problema que era todavía más hondo, a las primeras cifras le añadió las de los excombatientes que han decidido reinsertarse y que han sido asesinados luego de volver a la vida sin las armas. Avella aseguró que desde el 1 de enero de este año hasta el 20 de noviembre, se han asesinado 242 personas que han caído en medio de actos violentos, además de personas civiles que han sido asesinadas en masacres como las de Antioquia, Cauca y Nariño que ya suman una cifra de 306.

Ante las denuncias y la nula coincidencia de datos presentados en el Senado, la ministra aseguró que, “estamos haciendo un esfuerzo grande por evitar estos asesinatos, estamos trabajando directamente con las comunidades, con los partidos de oposición, para tratar de generar unas estrategias y acciones que puedan llevar a disminuir y a eliminar del todo el asesinato de nuestros líderes sociales”.

En respuesta a ello, y tras la conmemoración del cuarto año de la firma de paz que se cumplió el 24 de noviembre, Avella aseguró que, “lo que necesitamos es que el Gobierno garantice la vida de los hombres y de las mujeres que en cada espacio de Colombia están defendiendo los derechos de los ciudadanos. Exigimos que el Gobierno presente un plan para detener la mano de los asesinos, porque en este Gobierno no hay ningún plan de paz “.

Para otros senadores, que se ciñeron a los alegatos de Avella, la situación tiene una gravedad considerablemente alta que, de no manejarse a tiempo, dejará más víctimas a su paso, como lo explicó la senadora Victoria Sandino del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), “lo que no lograron durante 53 años con las armas, hoy pretenden hacerlo a través del exterminio descarado, sistemático, contra nuestra gente, contra nosotros, contra nuestra existencia, eso es lo que está sucediendo”.