A prisión exsecretario de Gobierno del Meta acusado de dirigir un gigantesco entramado de corrupción en varios departamentos

Luego de que se destapara el escándalo de corrupción que involucró a ocho funcionarios públicos en Meta, Casanare y Cundinamarca, el exsecretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez Niño, fue enviado a prisión por petición de la Fiscalía General de la Nación.

La orden la dio la Juez Segunda Penal con función de Control de Garantías de Villavicencio en la tarde del jueves 22 de diciembre solicitando que el exfuncionario fuera trasladado a un centro penitenciario, junto a otras dos personas que también resultaron implicadas en este entramado de corrupción y las que actualmente están siendo investigadas por la unidad anticorrupción de Bogotá.

Sobre el caso, los delitos que pesan sobre Gómez Niño son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado; todo después que se comprobara que él y otros siete funcionario utilizaron empresas fachada para celebrar contratos con las entidades públicas de los departamentos mencionados.

Los otros implicados que fueron enviados a prisión Carlos Augusto Daza y Claudia Milena Ricaurte, ingenieros civiles que le ayudaron al exsecretario de Gobierno a cooptar la contratación pública de varios municipios de los diferentes departamentos.

Otros de los cuatro implicado recibieron el beneficio de casa por cárcel por hacer parte de este entramado de corrupción. Se trata de Guillermo Suarez Trujillo y Antonio Londoño Zapata exalcaldes de Fuente de Oro, y sus ex secretarios de Obras Miguel Roberto Muñoz Torres y Nelson Enrique Sarmiento Hernández. El ente investigador aceptó la decisión de la juez, pero la defensa de todos los condenados anunciaron recursos de apelación en contra de esta determinación.

Mientras tanto, al ingeniero diseñador Yeison Javier Medina Neira no se le ha condenado por estos hechos, pero se ha señalado que seguirá vinculado al proceso de investigación.

Para la Fiscalía General de la Nación, Hernán Gómez Niño era el líder de esta red criminal que se quedaba con la contratación pública, aprovechándose de sus influencias políticas y reconocimiento para obtener la información necesaria sobre los contratos a través de sus alianzas con otros servidores públicos y así quedarse con estos.

Los documentos que reposan en la investigación dan cuenta de que estas ocho personas conformaron un conglomerado de más de 10 empresas fachadas con las que se aseguraban de quedarse con la contratación. Tanto así que el ente investigador señaló que tiene evidencia de que estas personas compraron experiencia acreditada a terceras empresas y a profesionales con amplia trayectoria en ingeniería y arquitectura, para quedarse con los millonarios contratos.

Según el ente investigador, esta red criminal logró hacerse con contratos suscritos entre 2015 y 2022, a través de los cuales habrían causado “un detrimento patrimonial que superaría los 70.000 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.

A pesar de que es en este momento en el que los implicados empiezan a ser condenados por sus acciones ilegales, se conoció que la alerta sobre lo que estaba pasando empezó en el 2015 cuando a la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) se le informó de este presunto caso de corrupción.

Con la ayuda de funcionarios públicos, varios ingenieros conformaron uniones temporales con las que pretendían que los contratos de estos departamentos se quedaran con ellos, así como las interventorías. El principal artífice era Gómez Niño, quien era el encargado direccionar las licitaciones y asesorar a los ingenieros sobre lo que pedía el contrato para que se lo ganaran.

El representante legal de una de esas uniones temporales en el Meta era el ingeniero Carlos Augusto Daza, la cual en algún momento de sus años de funcionamiento en la red criminal, celebró un contrato cercano a los 5.000 millones de pesos para obras de infraestructura en Fuente de Oro.

Seguir leyendo