Procuraduría advirtió que verificará el cumplimiento de planes de protección a líderes sociales

Desde Medellín, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención de gobernadores, alcaldes y miembros de la fuerza pública del Bajo Cauca Antioqueño sobre el deber que tienen de cumplir con los planes de prevención y protección de líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, e hizo extensivo a las autoridades gubernamentales de todo el país el anuncio de que la Procuraduría verificará rigurosamente su cumplimiento.

Desde la capital de Antioquia la funcionaria recalcó que “las rutas de prevención y protección no pueden equivaler a un simple formalismo, su ejecución debe verse reflejada en acciones dirigidas a un resultado claro y concreto, no más homicidios ni persecuciones”, aseguró la jefe del Ministerio Público durante el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales, capítulo Bajo Cauca antioqueño.

Durante el encuentro que se realizó este jueves, la procuradora enfatizó sobre el compromiso que tiene la entidad frente al recrudecimiento de violencia contra los líderes en los territorios y recordó que:

Estos anuncios de Margarita Cabello se dieron cuando el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) presentara su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el centro concluyó que “continúa la crisis de derechos humanos”.

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El documento revela 480 casos de vulneraciones a los derechos humanos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 en el país. De acuerdo con el CINEP, en lo que va de 2022 sigue siendo una constante el ataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas.

El CINEP obtuvo información del asesinato de 86 personas que ejercían liderazgo social. Los paramilitares, la Policía, la Fiscalía y Ejército serían los principales perpetradores de las victimizaciones en el marco de las violaciones a los DDHH.

Cabello también resaltó que entre las acciones que ha realizado la Procuraduría General para visibilizar la realidad del liderazgo social en Colombia es que se han sostenido más de 200 intervenciones ante la Unidad Nacional de Protección, y otras 34 frente a diferentes autoridades para que se evalúen los casos de líderes sociales que se presentan al Programa Nacional de Protección.

Finalmente, la procuradora planteó la necesidad de seguir llegando a cada rincón del país con una oferta social y presencia institucional e invitó a las comisiones delegadas para atender la situación de violencia (CIPRUNNA, la CIPRAT y el CERREM) a sesionar en los territorios.

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El informe del CINEP evidenció que el departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido por Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, “la situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada”, dice el informe.

El documento pone su atención a las vulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, una vinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro, más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y el Magdalena Medio.

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