Ministro de Justicia se refirió a la extradición del hermano de Piedad Córdoba: “Actuaremos con transparencia”

Tras el aval de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de Álvaro Córdoba Ruíz, hermano de Piedad Córdoba, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que aún no ha llegado el expediente del caso a manos del Gobierno y hasta que no sea firmado por el presidente Gustavo Petro, el proceso no estará completo.

Cabe recordar que el aval de la Corte es tan solo pór uno de los tres cargos por los que se le acusa a Córdoba Ruíz. En total son tráfico de armas, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Osuna confirmó que una vez tengan el expediente, se actuará con justicia y conforme a la ley, y si bien el presidente es quien decide sobre estos temas, el ministro de Justicia es clave en estos trámites, pues también llevan su firma.

El ministro advirtió que el Gobierno tendrá en cuenta a las víctimas y señaló que es cierto que el presidente ha sido insistente en que se velará por la verdad y la reparación y “se buscará que los mecanismos de extradición no sean incompatibles con las víctimas”.

En febrero de este año, Álvaro Córdoba Ruíz fue capturado por las autoridades colombianas en la ciudad de Medellín, en compañía de otros dos sujetos, señalados de pertenecer al grupo residual de las disidencias de las FARC, conocido como ‘Gentil Duarte’, subversivos a los que al parecer les ayudaban logísticamente para el tráfico de drogas. Desde ese momento se han usado todo tipo de herramientas y dilaciones jurídicas para evitar su extradición a los Estados Unidos, que lo requiere por narcotráfico, decisión que ya fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.

“La Policía Nacional hace efectiva una orden de captura con fines de extradición proveniente del Distrito Sur de Nueva York. Es una orden de captura emitida por juez de los Estados Unidos contra tres personas, cumple todos los trámites legales, la Fiscalía General de la Nación a través de ese trámite emite una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas, la Policía lo que hace es cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló en su momento el entonces director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas.

La operación de captura de Álvaro Córdoba corrió por cuenta de la DEA, que delegó a Matthew Passmore para liderar la investigación. Se hizo pasar por narcotraficante, en búsqueda de contactos en Colombia para comercializar estupefacientes; desde el 2020, logró establecer un estrecho contacto con Córdoba y con quienes, según el informe, eran sus socios: Álvaro Alonso Jaramillo, alias ‘Alonso Héctor’ y Libia Palacio.

Córdoba era la pieza clave, según el expediente, asistía a las reuniones con las disidencias de las FARC en varias ciudades el país, y era el encargado de concretar las compras de mercancías que salían desde Tumaco, en el departamento de Nariño, Buenaventura en el Valle del Cauca y también en el Cauca.

Una corte del Distrito Sur de Nueva York realizó la petición de su captura, acusandolo de haber ingresado más de cinco kilos de cocaína a territorio norteamericano y portar armas ilegalmente. Córdoba Ruíz podría enfrentar una condena entre 40 y 60 años de prisión. Tan solo hace falta la firma del máximo mandatario de los colombianos.

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