Revive el debate sobre la multa de Petro con la SIC: se cuestiona si podrían embargar su salario

En enero del 2012, el actual presidente de la República, Gustavo Petro, se convirtió en el alcalde de Bogotá. La desprivatización del sistema de recolección de basuras de la capital, para convertir este proceso en una actividad propia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, hizo que la ciudad entrara en una crisis de residuos que, para el 2014, le costó la destitución temporal de su cargo. A pesar del tiempo que ha pasado, todavía quedan consecuencias de ese caso en la actualidad de Petro, ahora, como jefe de Estado. En este momento, existen diferentes preguntas sobre lo que podría pasar con su sueldo.

El 23 de junio de este año, tal y como lo resalta el diario El Espectador, a la Superintendencia de Industria y Comercio llegó una carta firmada por el equipo de abogados de Gustavo Petro en la que se exponía la necesidad de enviar el expediente que hay en contra del electo presidente a la Comisión de Acusación. De acuerdo con el abogado Julio César Ortiz, esto debía realizarse teniendo en cuenta que el presidente tiene fuero, por lo que sus investigaciones le corresponden a esa corporación. Es de tener en cuenta que con esa entidad tenía una multa activa hasta hace un mes.

Fue en el 2013 cuando la Superintendencia inició un proceso en contra de Petro por la supuesta violación que cometió sobre el régimen de libre competencia, ya que el entonces alcalde no permitió que privados participaran en la propuesta del nuevo esquema de recolección de basuras de Bogotá que fracasó. En ese entonces, se multó a Gustavo Petro a pagar una multa de 400 millones de pesos. Antes de eso, la Contraloría de Bogotá le había impuesto una sanción de $217.000 millones por ordenar la reducción en el precio del pasaje de TransMilenio, por lo que, en su momento, aseguró que su patrimonio personal se ‘había extinguido’.

Las deudas que adquirió con las autoridades, sin embargo, y tras investigaciones fueron desapareciendo, sin embargo, en julio del 2018, se le embargaron, por parte de la SIC, la quinta parte de sus ganancias como senador. Esa acción se dio con el fin de hacerlo pagar la multa que se le había impuesto en 2014. En el 2020, Petro aseguró que la única multa que tenía activa era la que mantenía con la SIC.

Teniendo en cuenta el dinero que todavía debe el presidente a esa entidad, expertos entrevistados por le diario El Espectador revelaron que existe incertidumbre respecto a lo que podría pasar con el salario de Petro que, al ser el ganador de la segunda vuelta de las elecciones para convertirse en presidente, devengaría una suma mensual de poco más de 34 millones de pesos.

Los expertos plantearon dos escenarios, el primero, que tiene que ver con la imposibilidad de la Comisión para actuar sobre ello, pues esto ocurrió en el 2014; y el segundo, que no está evidenciado, en un fallo previo de la Corte, lo que se puede hacer este tipo de casos. En otras palabras, los especialistas que hablaron con ese medio de comunicación comentaron que existe un gran vacío respecto a la forma en la que la ley debería actuar en situaciones como estas.

Este caso se comparó, particularmente, con lo ocurrido entre el exfiscal Eduardo Montealegre y la excontralora Sandra Morelli. En ese entonces, tanto la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia dejaron en claro que un funcionario con fuero no puede ser intervenido por ningún órgano de control. En ese momento, 2014, Morelli fue imputada por los delitos de peculado, firma de contratos sin el cumplimento de los requisitos legales, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.

Morelli denunció al entonces fiscal, Montealegre, de adelantar investigaciones en la Contraloría, por presuntas chuzadas ilegales a periodistas para intervenir en la investigación que adelantaba esa entidad en el caso de Saludcoop.

“La protección especial que confiere el fuero constitucional abarca, más allá de la esfera penal, todos los aspectos íntimamente ligados con el derecho sancionador, ordenamiento que comprende no solamente el ámbito disciplinario, sino que se extiende a temas administrativos”, dijo la Corte, en su momento.

En ese mismo fallo, recuerda El Espectador, quedó evidenciada la advertencia que hizo el condenado exmagistrado Jorge Pretelt, quien, en su momento, destacó que si el fuero se ampliaba a las sanciones administrativas se consideraría después, de manera ‘absurda’, que un aforado no estaría obligado a atender a otro tipo de responsabilidades legales como “multas de tránsito, sanciones tributarias, procesos de responsabilidad ambiental, o casos ante las superintendencias”.

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