Imputan a exfuncionarios de la Fiscalía por interceptaciones ilegales de líneas telefónicas

Con ordenes judiciales con información falsa, los sindicados ‘chuzaron’ comunicaciones entre el 2017 y 2018

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Los dos exfuncionarios fueron imputados, de acuerdo con el posible grado de participación, por los delitos de: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y prevaricato por acción. Los cargos fueron aceptados por los procesados. (Archivo Infobae)
Los dos exfuncionarios fueron imputados, de acuerdo con el posible grado de participación, por los delitos de: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y prevaricato por acción. Los cargos fueron aceptados por los procesados. (Archivo Infobae)

La Fiscalía General de la Nación indicó que dos exfuncionarios de la entidad fueron imputados por presuntas actuaciones irregulares para realizar interceptaciones telefónicas. El exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo y el exinvestigador Luis Carlos Gómez Góngora fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Los funcionarios habrían interceptado ilegalmente líneas telefónicas entre el 2017 y 2018: “Nuevos elementos de prueba dan cuenta de dos eventos distintos en los que habrían sido intervenidas las comunicaciones de varias personas con órdenes judiciales que tenían información falsa”.

Según las investigaciones, Gómez Góngora presentaba informes de Policía Judicial con datos falsos, y con dichos archivos se valía para solicitar las órdenes de intervención de las líneas telefónicas de supuestos procesos que estaban a cargo de Martínez Lugo. La Fiscalía General señaló: “De esta manera, al parecer, se hizo incurrir en error a los jueces de control de garantías que ejercieron control previo y posterior a dichas actuaciones”.

Dentro de las interceptaciones se encontraban las chuzadas a un importante directivo de un sindicato de aviadores, pero no fue el único caso:

“Como parte de una investigación que se seguía por el secuestro de una persona en Bogotá, en 2013, se impartieron órdenes para intervenir varias líneas; sin embargo, se incluyeron los abonados telefónicos de un empresario español, un abogado y sus familiares. Los afectados no tenían relación con el caso que se pretendía esclarecer. En una indagación por la desaparición de un hombre en Bogotá, en marzo de 2012, fueron interceptadas las comunicaciones de dos mujeres ajenas al caso, una de ellas era la encargada del proceso de liquidación de un frigorífico”.

El ente acusador indicó que la información obtenida en las interceptaciones ilegales fue destruida sin dejar algún tipo de evidencia para el Sistema Penal Oral Acusatorio.

Los exfuncionarios de la Fiscalía fueron imputados según la participación que tuvieron con dada delito. Los cargos que aceptaron y que tendrán que afrontar Martínez y Gómez van desde: concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y prevaricato por acción.

Condenan a 30 años de prisión a exlíder paramilitar por asesinato

La Fiscalía General de la Nación dio un golpe a un exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de alias Carlos Alegría, cabecilla del entonces Frente Mártires del Cesar, el presunto responsable del homicidio de Rufino de Jesús Maestre Gutiérrez, profesor e integrante de la comunidad indígena Kankuamo.

La directora especializada de la Fiscalía contra las violaciones de Derechos Humanos, Deicy Jaramillo, explicó que gracias a las pruebas y argumentos presentados por el ente acusador “una juez especializada de Bogotá condenó a 30 años y 2 meses de prisión al exjefe paramilitar Jairo Alegría Martínez, alias Carlos Alegría, por el asesinato del profesor e integrante del pueblo indígena Kankuamo”.

El asesinato del profesor Rufino ocurrió hace diecinueve años en el departamento del Cesar. El 25 de febrero del 2003 en el barrio El Refugio en Valledupar, dos hombres armados, quienes hacían parte del componente sicarial del entonces Frente Mártires de las extintas AUC, habrían ultimado al docente indígena en una esquina mientras esperaba el transporte público.

La Fiscalía indicó que varios miembros de la comunidad indígena Kankuamo del Caribe colombiano eran intimidados por los miembros de esta estructura criminal, que los acusaba de colaborar con otros bandos al margen de la ley.

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