Procuraduría pidió cerrar los pabellones más antiguos de la cárcel de Tuluá

Luego de evaluar por segundo día las condiciones en las que quedó la cárcel de Tuluá tras el incendio de la madrugada del 28 de junio, que cobró la vida de 52 personas privadas de la libertad y dejó a otras 26 heridas, la Procuraduría pidió que se estudie la posibilidad de cerrar su infraestructura antigua, que comprende tres pabellones y dos pasillos y tiene la capacidad de acoger a 400 internos.

Dicha solicitud fue elevada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); la Gobernación del Valle del Cauca; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD), y a la Alcaldía de Tuluá.

“Esta estructura no cuenta con las condiciones mínimas, con los estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión. Falta ventilación, hay oscuridad, y muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe a la mayor brevedad el posible cierre o sellamiento de esta infraestructura muy antigua”, indicó el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento.

La estructura corresponde a los pabellones 8,9 y 11, que datan de 1972, y sufrieron graves afectaciones por la conflagración.

Por eso, el propósito de la solicitud fue de “garantizar la vida de las personas privadas de la libertad y teniendo en cuenta que preliminarmente se pudo establecer que la estructura puede estar afectada por el incendio”, señaló Sarmiento.

Mientras tanto, las personas que se encontraban en esos pabellones fueron trasladadas a las celdas de visitas conyugales y a otro patio dentro de la cárcel, antes de que se concrete el traslado de 350 reclusos a centros penitenciarios de otras ciudades, según lo indicó el director del Inpec, el general Tito Castellanos.

Los reclusos serían llevados a otros centros penales en Ibagué, Calarcá, Armenia, Manizales, Pereira, Cartago, Cali, Jamundí, Palmira, Caicedonia y Buga.

Para este grupo de personas, la Procuraduría también pidió mejorar la atención médica. “Hicimos un llamado al Inpec y al Uspec para que traiga médicos generales, enfermeras y un equipo de apoyo psicológico, se comprometieron a realizarlo el día de hoy (jueves) y estamos muy atentos a que eso ocurra”, explicó Sarmiento.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades penitenciarias y carcelarias que se revisen y actualicen, o que se adopten, planes de contingencia en los 128 establecimientos de reclusión a nivel nacional y se tomen las medidas necesarias para que lo que pasó en Tuluá no se repita en ninguna otra parte.

Sobre la investigación adelantada por la Procuraduría para esclarecer los hechos, Sarmiento detalló que continúa recopilando toda la información probatoria para determinar cómo se originó la conflagración.

“Ayer (miércoles) también obtuvimos los testimonios de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tuluá y seguramente se ordenarán más pruebas para seguir nutriendo esta investigación”, indicó el procurador delegado. Además, aclaró que “hasta el momento no se ha vinculado a ninguna persona o funcionario público a la investigación”.

Al parecer, el incendio habría sido provocado por internos y ningún servidor público estaría relacionado.

La Procuraduría también ha estado pendiente de todas las necesidades de los reclusos, como atención médica y psicológica, apoyo jurídico y elementos de primera necesidad como ropa, elementos de aseo o colchonetas mientras se supera la contingencia.

Cabe recordar que los hechos habrían ocurrido tras un intento de motín originado por una riña entre dos capos del centro penitenciario, según lo han ido revelando las autoridades a medida que avanza la investigación con diferentes testimonios.

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