Se registra un nuevo asesinato en zona rural de Puerto Leguizamo (Putumayo)

El hombre, identificado como Franklin Alexander Parra, era padre de tres hijos y hasta hace poco ejerció como tesorero de la Junta de Acción Comunal de El Conquistador

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Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica registran que desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos en el país. Según el órgano estatal, los responsables de estos actos son: grupos paramilitares (42%), grupos guerrilleros (16%), agentes del Estado (3 %) y se desconoce la autoría del 35 % de los casos de esta acción bélica.
Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica registran que desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos en el país. Según el órgano estatal, los responsables de estos actos son: grupos paramilitares (42%), grupos guerrilleros (16%), agentes del Estado (3 %) y se desconoce la autoría del 35 % de los casos de esta acción bélica.

En las últimas horas la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el pasado lunes 27 de junio, en horas de la noche, en la comunidad El Conquistador, corregimiento de Mecayá, municipio de Puerto Leguizamo, se produjo una incursión armada, al parecer, del grupo Comandos de Frontera (CDF).

Según lo expuesto por la organización de derechos humanos, durante la acción los hombres armados asesinaron a Frankly Alexander Parra, quien fue encontrado con un disparo en la cabeza y las manos amarradas, “así mismo ordenaron quitar la antena de internet de la comunidad, dejando incomunicados a los pobladores”, se relató en la denuncia presentada.

El grupo Comandos de Frontera, según las autoridades de Colombia, es denominado como GAOR, una sigla que traduce Grupo Armado Organizado Residual, para los conjuntos conformados por personas que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las antiguas Farc.

Por su parte, la comunidad de Puerto Leguizamo ha destacado que Frankly era habitante de la comunidad, padre de tres niños, agricultor, y hasta hace poco ejerció como tesorero de la Junta de Acción Comunal de El Conquistador. Adicionalmente, fuentes comunitarias han mencionado la posible desaparición de dos pobladores. “Se desconoce si existen otras afecciones hacia la población de El Conquistador”, informó Justicia y Paz.

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En su comunicado público, la comisión resaltó que producto de esta acción armada varias familias se han desplazado de sus territorios, mientras que otras, que también piensan en desplazarse, no han podido hacerlo ante las restricciones de movilidad impuestas por la estructura armada del CDF.

Adicionalmente, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz resaltó que más de 160 procesos comunitarios de todo el país, siguen haciendo llamados a las diversas estructuras armadas irregulares para un “Acuerdo Humanitario Global que permita frenar las afectaciones a la población civil, así como las confrontaciones armadas, salvaguardando todas las vidas, civiles y de sus propios combatientes”.

Varias organizaciones de derechos humanos que conforman la Red Somos Génisis y que se ubican en el Putumayo, Piamonte Caucano y en Ipiales Nariño, hicieron un llamado urgente para que se garantice la acción inmediata de las instituciones para garantizar la vida de la comunidad, y que activen los protocolos necesarios para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo.

“En honor a ellos, en esta construcción en territorios rurales y urbanos marginados con propuestas para la superación de la violencia y la construcción de un país en paz, va nuestro saludo a todos los combatientes sin excepción, fuerzas regulares e irregulares, y a todos los que forman parte de grupos armados en nuestras ciudades para dejar atrás estos hechos”, advirtieron.

Las comunidades de estas zonas del país piden que se haga más presencia por parte de la fuerza pública, para que atienda las necesidades de la comunidad que se ve afectada por hurtos, homicidios y extorsiones. Hay que anotar que en la zona hay presencia de la estructura armada Comandos de Frontera, el Frente Carolina Ramírez y presencia militar de la Brigada XXVII de Selva.

Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica revelan que desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos en el país. Según el órgano estatal, los responsables de estos actos son: grupos paramilitares (42%), grupos guerrilleros (16%), agentes del Estado (3 %) y se desconoce la autoría del 35 % de los casos de esta acción bélica.

Por su parte, Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta la fecha, han sido asesinadas 1.319 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos en Colombia.

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