Cárcel para hombre señalado como presunto agresor sexual de una niña indígena en Leticia

Por ahora, al procesado, una fiscal especializada para esta clase de delitos, le imputó cargos por actos sexuales con menor de catorce años agravado

Un informe realizado por la Universidad Complutense de España destaca que en Colombia una de las amenazas más críticas y mantenidas en el tiempo es la violencia de género, especialmente la violencia sexual contra niñas y niños. “Esta violencia ha persistido tanto en el contexto del conflicto armado como en la sociedad en general”, se lee en el trabajo realizado.
Un informe realizado por la Universidad Complutense de España destaca que en Colombia una de las amenazas más críticas y mantenidas en el tiempo es la violencia de género, especialmente la violencia sexual contra niñas y niños. “Esta violencia ha persistido tanto en el contexto del conflicto armado como en la sociedad en general”, se lee en el trabajo realizado.

Este sábado la Fiscalía General, seccional Amazonas, presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado como presunto abusador sexual de una niña indígena de 12 años de edad, en la zona rural de Leticia. El juez decidió emitir medida de aseguramiento en un centro carcelario por las agresiones sexuales a las que habría sometido a la víctima.

De acuerdo con los elementos materiales de prueba presentados por el ente investigador, los abusos contra la menor, al parecer, se presentaron el 23 de Julio de 2019. La investigación realizada daría cuenta de que la niña habría sido víctima de tocamientos en sus partes íntimas, comportamiento que había intentado realizar el procesado, seis veces en el mismo año en la habitación de la menor.

Por ahora, al procesado, una fiscal especializada para esta clase de delitos, le imputó cargos por actos sexuales con menor de catorce años agravado, pena que, de acuerdo con las leyes colombianas comportan una pena de prisión no menor a 14 años.

Un informe realizado por la Universidad Complutense de España destaca que en Colombia una de las amenazas más críticas y mantenidas en el tiempo es la violencia de género, especialmente la violencia sexual contra niñas y niños. “Esta violencia ha persistido tanto en el contexto del conflicto armado como en la sociedad en general”, se lee en el trabajo realizado.

Por su parte, en el informe: “Nosotras queremos cantar: Violencia sexual no más”, realizado por Confluencia Mujeres, se destaca que la violencia sexual sobre las mujeres indígenas implica, además, una incursión de los actores armados en los territorios de las poblaciones indígenas.

“Esto ha significado que la violencia sexual es, a la par, una metáfora de dominación y penetración en los territorios de los grupos étnicos. La situación se agudiza aún más por la disputa territorial existente sobre resguardos y territorios ancestrales”.

Es importante señalar, como lo han hecho algunas organizaciones sociales, la incidencia importante de violencia sobre mujeres, adolescentes y niñas indígenas en la que miembros del Ejército Nacional han sido los principales victimarios, en particular en zonas de militarización, bien sea por ser epicentro de operaciones militares o por estar aledañas a bases militares.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), algunos miembros del Ejército, pero también de los paramilitares y la guerrilla, han utilizado mecanismos de seducción sobre niñas y jóvenes indígenas mediante mecanismos de coerción soterrada denominada con frecuencia por ellos como “enamoramientos”, como una estrategia bélica de obtención de información, “haciendo uso del poder y aprovechándose de sus necesidades económicas, vacíos afectivos y ausencias institucionales y comunitarias”.

Conforme con el sexto informe de seguimiento al Auto 092 de 2008 y el primer informe de seguimiento al Auto 009 de 2015 de la Corte Constitucional, la Fiscalía estableció una estrategia para investigar 634 hechos de violencia sexual contra 768 víctimas.

Según la ONIC, de las 768 víctimas identificadas en los dos autos, 64 (8,3%) eran mujeres indígenas. La Fiscalía reportó que el 35,7 % de los casos se encuentran archivados por resolución inhibitoria o preclusión; el 28,6 %, están en proceso de investigación preliminar; el 7,1%, en instrucción; el 7,1% con sentencia (un caso con absolutoria y otro con condenatoria); un caso se remitió a jurisdicción indígena, al parecer por solicitud del propio cabildo (3,6%), y no reporta respecto del 17,9% de los casos.

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