Acusan al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros por irregularidades en la contratación del PAE

Este jueves 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador del departamento de La Guajira José María Ballesteros, quien se desempeñó en este cargo entre 2014 - 2015, por supuestas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte de estudiantes de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables de esta región al norte de Colombia.

La Unidad de Fiscales Delegados acusó al exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, ya que habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de los dos contratos que pretendían garantizar la alimentación y transporte de los menores, permitiendo que se “destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías” en estos procesos.

“Entre otras supuestas anomalías, frente al contrato para el suministro de alimentos, se encontraron diez posibles deficiencias en los estudios previos, errores de cálculo y falta de justificación en los costos, números de raciones, instituciones a cubrir y alumnos beneficiados. Asimismo, se estableció que la gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre”, señaló el órgano de control.

En ese sentido, indicó que el contrato, que fue suscrito el 19 de marzo de 2015 con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, mediante el cual se brindaban complementos de alimentación en la mañana y almuerzos para estudiantes en 15 municipios, durante 125 días, “recibió una adición, por lo que el valor toral ascendió a $41.064′418.760″, al tiempo que se evidenció que no se realizó una consulta previa con las comunidades indígenas, ni se tuvieron en cuenta “factores nutricionales o calóricos de las raciones preparadas.

Asimismo, indicó que en las etapas precontractuales y contractuales se habrían incumplido los requisitos de ley con el objetivo de favorecer al contratista, a lo que se le suma que los peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenció un detrimento patrimonial superior a los $13.200 millones, representado en “sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron”.

Por otra parte, la Fiscalía indicó que frente al otro contrato suscrito con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’, mediante el cual se buscaba garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos en el departamento, se “habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objetivo del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal”.

“Al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir. Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso, Cesar, ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira”, señaló la Fiscalía.

El exgobernador Ballesteros había sido condenado en 2015 a 15 años de cárcel por apropiarse de recursos públicos en un convenio para prevenir el dengue.

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