Solicitan anular elección del rector de la Universidad del Atlántico

La Procuraduría General de la Nación ha indicado que Danilo Hernández Rodríguez, se encuentra en una inhabilidad para poder ocupar el cargo

Imagen de referencia. Universidad del Atlántico. Barranquilla. Foto: Colprensa.
Imagen de referencia. Universidad del Atlántico. Barranquilla. Foto: Colprensa.

La Procuraduría General de la Nación mediante un concepto ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, indicó que la persona que está ejerciendo actualmente como rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández Rodríguez, se encuentra inhabilitado para asumir su cargo, hecho por el cual está solicitando anular la elección de Hernández para el puesto.

Según señala el ente de control, Danilo Hernández Rodríguez hasta mayo del 2021 ejerció como empleado público al formar parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, pero luego de esto se postuló para finalmente ser elegido como rector de la institución educativa ubicada en Barranquilla en octubre de ese mismo año.

Lo anterior representa una clara irregularidad dado que no se cumplió el periodo de inhabilidad de un año registrada en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976. “Los miembros de las Juntas o Consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los Gerentes o Directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquella pertenece.

Sobre esto indicó el abogado Manuel García, quien demandó la elección de Danilo Hernández como rector: “Debía esperar un año mismo de su retiro para poder aspirar a ser rector y él se retiró en mayo del 2021 y fue nombrado en octubre de ese mismo año, sin que pasara el periodo de un año”.

Precisamente se señala en el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 (que trata de la educación superior), que “los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten” haciendo referencia a la normatividad que señala:

“Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales”.

De acuerdo con lo indicado por el ministerio de Educación, se solicitará la nulidad de la elección debido a lo señalado en la demanda: “En el presente asunto, este Ministerio Público estima respetuosamente que, atendiendo los planteamientos expuestos, se debe acceder a las súplicas de la demandada y en consecuencia proceder a declarar la nulidad del Acuerdo Superior número 000014 del 11 de octubre de 2021 y el consecuente restablecimiento del derecho deprecado”.

Sobre más acciones legales de la Procuraduría en Barranquilla, el ente de control investigará a la empresa Air-e por irregularidades en el servicio de ‘la puerta de oro’. Por las interrupciones constantes de energía eléctrica que han experimentado los habitantes de Barranquilla (Atlántico) en las últimas semanas, la Procuraduría General de la Nación requirió a Air-e, empresa que proporciona el servicio. El órgano de control pidió que se detalle por qué, en solo tres días, de forma intermitente, los usuarios estuvieran sin luz por más de 21 horas.

“Las suspensiones del servicio de energía del 15 al 17 de mayo arrojarían un total de 21 horas, sin que pueda evidenciarse -por parte del operador de la red- un incentivo o compensación”, aseguró el ente de control este 18 de mayo.

Cabe anotar que Air-e ya ha explicado que el servicio es costoso por varios factores como el costo de los combustibles, la tasa de cambio desfavorable y la inflación. Además, según ellos, las pérdidas de energía se incluyen en las facturas desde agosto pasado; es decir, los consumidores legales están pagando por la electricidad robada. También dijo que están cobrando por el trabajo y la infraestructura que requiere mejorar el servicio de energía en el Caribe; acción que fue autorizada por el Plan Nacional de Desarrollo y para la cual se presentó un plan tarifario.

SEGUIR LEYENDO:





TE PUEDE INTERESAR