Se agudiza la crisis humanitaria en Buenaventura: reportan el desplazamiento de 151 familias

La Juntanza Humanitaria por los Pueblos de Buenaventura, envía una importante alerta en relación al recrudecimiento del desplazamiento forzado en la región del Bajo Calima en Buenaventura, Valle del Cauca, según la denuncia esto se debe a la militarización e incursión del Clan del Golfo en esta zona, sumado a la presencia del ELN, que, mediante sus constantes combates con otros grupos armados, anula las garantías de la población, dejándola a la merced del mismo conflicto. Esta situación no solamente ha sido denunciada mediante este comunicado, pues hay un importante antecedente de presencia bélica en esta zona del país.

La unión de autoridades espirituales, sociales, defensores de derechos humanos, la pastoral social, organizaciones de víctimas y la Diócesis de buenaventura, se sumaron para realizar este llamado de alerta a las autoridades, pues señalan que, desde noviembre del año anterior, la situación de violencia en la región se ha agudizado, además de la incursión de nuevas escuadras subversivas, que buscan tomar el control de varios sectores de incidencia hacia el Pacífico.

La denuncia resalta que el pasado fin de semana la población de esta zona, tuvo que desplazarse por los enfrentamientos armados que se registraron en sectores aledaños en donde permanece la comunidad, la cual, a pesar de haber resistido durante cinco meses, en esta última oportunidad las vidas estuvieron aún más en riesgo, situación que los obligó a salir de su territorio, además, denuncian que un joven se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de abril, el sujeto conocido como ‘Tito’. presenta problemas mentales por el consumo de sustancias psicoactivas y hasta el momento no hay rastro de su paradero.

Respecto a la más reciente cifra de desplazamiento, el comunicado señala: “a los desplazamientos y confinamientos forzados, asesinatos, torturas reclutamiento, forzado amenazas y terror impuesto en el territorio, por la estructura paramilitar del Clan del Golfo, la militarización del territorio y el conflicto armado con el ELN; agudizados desde noviembre del 2021 y febrero del 2022, se suman desplazamiento de 151 familias y 516 personas de la comunidad de San Isidro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Calima, por la presencia y control permanente del Clan del Golfo, imponiendo retenes en el territorio desde el 3 de abril, por la aparición del frente occidental Omar Gómez de la guerrilla del ELN”.

La situación se ha configurado como una reincidencia, pues no es la primera vez que esta comunidad se ve afectada por la presencia de grupos armados, además de señalar a la Fuerza Pública por su proceder, respecto al tema, la denuncia expone: “estos nuevos hechos, vuelven a hacer evidente la grave crisis humanitaria en el corredor Bajo Calima y Bajo San Juan, hechos de violaciones de los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, que desmienten las afirmaciones de la Fuerza Pública, en las que aseguran que tienen el control en el territorio y que no hay motivo para desplazarse”.

En la misiva también se hacen distintas exigencias y peticiones, en donde se solicita la mejora de albergues, como de garantías para la comunidad desplazada, esto por parte del Gobierno Nacional, además, se requiere el acompañamiento a los desplazados con el fin de evitar su retorno a territorio sin garantías, de igual forma, se temen eventuales dinámicas de mendicidad ante la vulneración de sus derechos, puntualizando que se debe ejecutar una ruta oportuna de atención humanitaria, además del cumplimiento de lo pactado por parte del Defensor Nacional en su visita a Buenaventura.

Entretanto, se insta a la fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, a realizar distintas investigaciones de carácter penal y disciplinario en contra de la Fuerza Pública y entidades del gobierno, por acciones u omisiones respecto a su responsabilidad en la crisis humanitaria que vive esta región del país, además de distintos apoyos en relación a la asistencia de salud, educación y protección para los civiles que se encuentran ubicados en los albergues.

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