La JEP fija la audiencia en la que diez miembros del Ejército deberán reconocer su responsabilidad en falsos positivos en el Catatumbo

El general (r) Paulino Coronado, cuatro coroneles, cinco oficiales y suboficiales deberán reconocer su responsabilidad en el caso 03 que investiga las ejecuciones extrajudiciales

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La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que el general (r) Paulino Coronado, cuatro coroneles, cinco oficiales y suboficiales, además de un civil reclutador, deberán reconocer su responsabilidad en el caso 03 que investiga las ejecuciones extrajudiciales . (Colprensa - Álvaro Tavera)
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que el general (r) Paulino Coronado, cuatro coroneles, cinco oficiales y suboficiales, además de un civil reclutador, deberán reconocer su responsabilidad en el caso 03 que investiga las ejecuciones extrajudiciales . (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este sábado que el próximo 26 y 27 de abril se llevará a cabo la audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los diez miembros del Ejército de Colombia que fueron imputados por el caso 03 que investiga las ejecuciones extrajudicailes, conocidas como ‘falsos positivos’ en la región fronteriza del Catatumbo.

Esta audiencia que se realizará en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, la cual que fue fijada por la Sala de Reconocimiento del tribunal de paz por solicitud de las víctimas acreditadas en este caso, se determinó luego que se adelantaran 16 reuniones preparatorias en las que participaron las víctimas, comparecientes y representantes judiciales de las partes.

“En estos espacios restaurativos las víctimas solicitaron que la audiencia se llevara a cabo en Catatumbo, un lugar emblemático para el caso 03. Ocaña ‘es el único sitio en el que simbólicamente podrían sentir que cobra sentido para ellas la realización de dicha audiencia’, advierte la Sala de Reconocimiento de Verdad a través del auto 036″, indicó la justicia transicional.

La entidad, que hace parte del Sistema Integral para la Paz junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personadas dadas por Desaparecidas (UBPD), señaló que en la audiencia los diez miembros de la fuerza pública y el tercero civil que fueron hallados máximos responsables en el caso denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Los responsables deberán pasar del reconocimiento escrito que habían efectuado con antelación, al reconocimiento público ante las víctimas, la justicia y el país por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó y que según datos de la misma entidad hacen parte de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales confirmadas entre el 2002 y 2008, periodo en el que era presidente Álvaro Uribe.

Los comparecientes son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

“La JEP también imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares”, indicó la justicia transicional.

Por último, la Jurisdicción Especial señaló que llegado caso existe un reconocimiento con verdad plena, detallada y exhaustiva por parte de los imputados, la Sala deberá producir la respectiva resolución con las conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal de paz, a más tardar en tres meses.

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