Fiscal Barbosa y magistrados de la Corte Constitucional se reúnen tras amenazas en contra del tribunal

El jefe del ente de investigación respaldo a los togados y aseguró que ya hay un grupo de investigación para el caso

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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa fue enfático en decir que dará con el paradero de los responsables de las amenazas contra los magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa fue enfático en decir que dará con el paradero de los responsables de las amenazas contra los magistrados de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

En la tarde de este jueves 10 de marzo la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunión con el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, con el objetivo de hablar sobre la reciente amenaza que recibieron los magistrados por parte de las Águilas Negras debido a la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.

Según el documento enviado a los magistrados, los paramilitares de extrema derecha tenían perfilados a los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes y al conjuez Julio Andrés Ossa.

En la reunión se le preguntó al fiscal cuáles son las medidas que ha tomado para descubrir quiénes están detrás de las amenazas y el uso indebido de la imagen de los magistrados en algunas campañas electorales. Tras acabar la reunión, el fiscal Barbosa anunció el respaldo a los magistrados.

Me reuní con la Sala Plena de la Corte Constitucional. Le manifesté mi pleno respaldo como fiscal general en los hechos que se han suscitado los últimos días relativos a amenazas que le han llegado al alto tribunal por decisiones que se han tomado en el marco de sus competencias constitucionales.

Informó que se creó un equipo especial para dar con las personas que están detrás de las amenazas en contra de los magistrados.

“El equipo está conformado por fiscales especializados contra la violación de derechos humanos y hasta el momento se han emitido diez órdenes para investigar los hechos” y agregó que la Dijín se encuentra buscando huellas en el paquete que llegó hasta los despachos del alto tribunal.

Barbosa aseguró que desde el ente de investigación no se va a permitir la violencia contra las decisiones de la Corte Constitucional sean amenazadas.

“La Fiscalía no va a permitir desde ningún punto de vista que se ponga en duda las decisiones de la corte constitucional ni que se presione a la corte constitucional con amenazas de cualquier tipo, la rama judicial en eso hace parte del equilibrio de los poderes públicos y la fiscalía general de la nación como parte de la rama judicial respalda a las Cortes en este país”.

Así fue la amenaza

El viernes 4 de marzo, a la secretaría del alto tribunal llegó un documento de dos hojas firmado por las Águilas Negras, donde aseguraban que “ya tienen identificados y ubicados” a los juristas y advirtiendo que conocen los horarios y vehículos en los que se movilizan los togados. Los paramilitares solicitaron a los togados tumbar la decisión “por las buenas, o se entenderán por las balas”

“Estos no son amenazas ni bromas, sino que cuando pelemos al primero se comprueba lo prometido. ¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación? (...) Solamente les quedan dos opciones: revocar la orden de asesinar niños a los seis meses de gestación o aplicaremos el objetivo militar”, se puede leer en el documento enviado por los paramilitares.

De hecho, el grupo ilegal indicó en el documento que las tres causales aprobadas en la sentencia de 2006 eran más que suficiente y deslegitimar la decisión de la Corte asegurando que la discusión le correspondía al Congreso de la República. Con la despenalización hasta la semana 24 de gestión, las Águilas Negras calificaron el fallo como un “infanticidio” en Colombia y tildaron a los magistrados de “perversos, macabros y terroristas prenatales”.

Uno de los puntos más graves que acusan a los magistrados de hacer parte del “cartel de compraventa de órganos” de niños, afirmación falsa. Esta falacia viene acompañada por versículos de la biblia y por una larga retahíla de afirmaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes.

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