La Comisión de la Verdad y JEP revelan cifras de la violencia contra la Unión Patriótica

En febrero de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso N° 006, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. La Sala de Reconocimiento tomó esta decisión a partir de tres informes presentados.

El primer informe recibido fue el N°3 de la Fiscalía General de la Nación, los otros dos; ¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002″, del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La JEP consideró que el caso de la UP cumplía con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los tres informes, los miembros de la UP fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica.

En la tarde del viernes 4 de marzo, el magistrado de la jurisdicción de paz, Gustavo Salazar, quien ha liderado las investigaciones del caso, aseguró que las cifras de víctimas son mayores que las previamente aportadas. “Según la investigación, se registran al menos 8.300 víctimas de la UP, de las cuales 5.733 fueron desaparecidas o asesinadas y el resto víctimas de otras formas de violencia como tortura, abuso sexual y exilio”, afirmó.

Las cifras entregadas por Salazar, se realizaron en el marco del lanzamiento del documental “Unión Patriótica desde las cenizas”, realizado por la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambas entidades nacidas del Acuerdo de Paz, analizaron los hitos históricos de violencia contra la UP e identificaron como los períodos más críticos los años 1988, 1996 y 1997.

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La Unión Patriótica es un partido político que nació en 1985 en medio de los diálogos de paz de Uribe (Meta), entre las antiguas Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur. El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en 2013, con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra sus miembros.

Las investigaciones ha revelado que el 40% de las víctimas letales provienen de Antioquia (Medellín y Urabá especialmente), y le siguen víctimas del Magdalena Medio, especialmente de Santander. Para el magistrado, la única forma de explicar la violencia en el tiempo y la impunidad contra la Unión Patriótica, se debe “al el entramado de aparatos de violencia con diferencias territoriales y el rol preponderante de agentes del Estado”.

Durante los dos años de investigación, la JEP y la Comisión, han consultado fuentes judiciales, civiles y escuchado cientos de testimonios, especialmente víctimas de la UP en el exilio para entregar cifras concretas, respecto del exterminio del partido político. Para el comisionado, Carlos Martín Beristian, “detrás de cada cifra hay un rostro. Esto da una visión del exterminio a un movimiento y partido político. Eso supone casi el 70% de las víctimas registradas y explica el nivel de impacto y persecución, en todas las épocas”.

Antes de terminar el evento, la Comisión de la Verdad destacó que el siguiente paso en la investigación, es saber sobre cuáles fueron las intenciones y los autores detrás de este asesinato colectivo. Su presidente, Francisco de Roux, señaló, que “ojalá en Colombia tengamos el coraje de rescatar y presentar con decisión nuestras ideas políticas, los puntos de vista distintos sin que a nadie cueste la vida. Por eso es importante este proceso entre la JEP y la Comisión de la Verdad, para la búsqueda de la verdad y la justicia”, concluyó en el cierre del evento de lanzamiento.

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