Otorgan acción de tutela a favor de reincorporados de Arauca

El pasado 3 de febrero los firmantes del Acuerdo Final de Paz y hoy en proceso de reincorporación, Nelson Quintero Estévez, Wladislav Aguirre Rodríguez, Pastor Alape Lascarro y Rodrigo Granda Escobar, interpusieron una acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo.

El objetivo de esta tutela era el de obtener la protección constitucional de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad física personal, así como la reincorporación en condiciones dignas y de paz. Dichos derechos, alegaron los firmantes, están siendo vulnerados por las entidades estatales demandadas en la solicitud de acción de tutela.

El pasado viernes 18 de febrero, la tutela fue fallada por parte del juzgado primero penal del circuito para adolescentes en funciones mixtas de Arauca a favor de los firmantes del Acuerdo Final de Paz del AETCR Filipinas-Centro Poblado Villa Paz, municipio de Arauquita.

Según el dictamen del juez, el Gobierno nacional, conjuntamente con otras entidades estatales, están obligados a proteger los derechos a la vida e integridad física de las comunidades hoy en proceso de reincorporación.

En su peticiones, los accionantes concluyeron que la persistencia del conflicto armado en el departamento de Arauca, y las intensificación de las dinámicas de violencias asociadas a la presencia de los distintos actores armados, ponen a los firmantes del Acuerdo de Paz en un contexto de inseguridad generalizada. Por lo tanto, requieren fortalecer las medidas de protección y seguridad de quienes dejaron las armas.

Ante este punto el juez, dictó una medida a la Unidad Nacional de Protección para iniciar el proceso de revaluación de los riesgos enfrentados por los pobladores del AETCR incorporando las condiciones actuales del conflicto. Una vez haga los estudios, la UNP deberá ejecutar sin demoras las medidas pertinentes.

La misma entidad considera que la acción de tutela es improcedente, toda vez que los accionantes están siendo evaluados de manera individual para determinar la protección idónea, además cuentan con el esquema de seguridad colectivo e individual para proteger a los beneficiarios.

Entre otra de las resoluciones presentadas por el juez, señala a Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca que están obligados a realizar investigaciones en el marco de la situación de violencia que atraviesa el departamento de Arauca en lo corrido de 2022, en particular aquellas que involucran a los pobladores del AETCR Villa Paz.

Entre el fallo, se destaca la contestación por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que dice que se abstienen de pronunciarse respecto al fallo, ya que “las pretensiones de los accionantes no son un asunto de su competencia”. Además, aclaran que por su parte, se han adelantado los actos urgentes y complementarios que han surgido a raíz de las afectaciones a este grupo poblacional.

Por otro lado, también se obliga al Ministerio de Interior y a la Gobernación de Arauca a impulsar las actividades de la Mesa de Garantías en defensa de los líderes y lideresas del departamento de Arauca.

La oficina de Jurídica del Ministerio del Interior indicó que esta cartera tiene como objetivo adoptar, dirigir y ejecutar planes y programas en materia de derechos humanos, por esa razón “no existe un nexo de casualidad entre la presunta vulneración de omisión presentada

El Comandante de la Fuerza de Tarea CI Quirón, Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, afirmó, en nombre del Ejército Nacional, que dentro de las tareas misionales de la institución se ha participado en diferentes consejos de seguridad buscando generar condiciones de seguridad para brindar ayuda humanitaria a este grupo poblacional.

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