Caso Uribe: Red de Veedurías solicitó protección para el procurador que apoyó la preclusión del expresidente

Los directivos de la institución también instaron a la ciudadanía a respetar los fallos judiciales en torno al exmandatario, investigado por fraude procesal y manipulación de testigos

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Expresidente Álvaro Uribe, investigado por dos delitos, en las calles de Bogotá. Foto: Instagram.
Expresidente Álvaro Uribe, investigado por dos delitos, en las calles de Bogotá. Foto: Instagram.

Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunció que apoyaba la preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe, el procurador delegado, José Enrique Sanjuán, quien tomó lo que para muchos fue controversial decisión, habría empezado a ser víctima de amenazas y matoneo en redes sociales.

Así lo denunció el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien exhortó a la ciudadanía a respetar las decisiones del Ministerio Público, independiente de los involucrados en los procesos. Además, reiteró que la designación de los funcionarios en esas corporaciones no corresponden a fines personales o políticos.

“En un proceso penal cada uno de los intervinientes cumple con un rol determinante que al final le da garantías al procesado, a la sociedad y, por supuesto, a la Nación. En es ese sentido, las decisiones judiciales y los conceptos de los sujetos procesales como las posiciones que cada una de las partes asuma en el proceso, son sometidas a controles periciales y a la normatividad vigente, motivo por el cual se debe respetar lo establecido en la ley y en la Constitución”, señaló Bustos.

Además, dijo que dará aviso a las autoridades correspondientes para que velen por la seguridad y protección del procurador Sanjuán, y se mantenga en firme la decisión tomada recientemente acerca del caso del actual jefe natural del Centro Democrático. “Enviaremos un escrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que garantice la vida y honra del procurador delegado para el caso Uribe, porque este funcionario público está cumpliendo con su deber”, añadió.

Por otro lado, dejó una recomendación a quienes, contrario a lo que dicta la ley, amenazan a quienes emiten fallos y pronunciamientos mediáticos:

“Consideramos que el matoneo moral al que está siendo sometido este funcionario, además de ser un error y un equívoco de cara a la función que debe cumplir en un proceso penal donde existen garantías, se podría generar un temor en futuras audiencias y, por consiguiente, crear espacios de incertidumbres en las garantías procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho”, concluyó el presidente de la Red de Veedurías.

Cabe señalar que a lo argumentado por la Procuraduría, la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos, lo que tiene consecuencias jurídicas. Además, el Ministerio Público sugirió que se necesita de una probabilidad lógica de los hechos para que la Fiscalía pueda pasar a la acusación contra Uribe Vélez.

Así mismo, la corporación agregó durante la intervención del procurador Sanjuán, que Juan Guillermo Monsalve, uno de los protagonistas del caso, “no ha sido testigo de los hechos delictivos que dice cometieron los hermanos Uribe”, y que, si bien se podría considerar que hay probabilidad de que se hayan presentado ofertas a Monsalve para que se retractara, el punto es que hay un grado de alta probabilidad de que el sujeto no fuera testigo de los hechos que ha alegado.

Diego Cadena (Colprensa - Camila Díaz)
Diego Cadena (Colprensa - Camila Díaz)

De otro lado, el hecho de que Monsalve cambiara los testimonios con el fin de acogerse a las sentencias de la justicia transicional levanta sospechas en la credibilidad del testimonio; sumado a esto, el que realizó el trabajó fue Diego Cadena. Y añadió que fue el abogado quien buscó a Uribe, lo que desvirtuaría las acusaciones de las víctimas sobre la petición del expresidente al litigante para “que cometiera actos irregulares”.

Cabe recordar que el expresidente Uribe, como procesado, pidió el último turno para intervenir en la audiencia y aseguró que necesitará unas cuatro horas. Para escucharlo fue programada una audiencia el 10 de marzo, tres días antes de las elecciones al Congreso de la República.

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