Hospitalizan a Carlos Mattos por sangrado estomacal

Los médicos todavía no entregan un diagnostico, pero aseguran que el suceso le ha provocado al empresario fuertes dolores de cabeza y su tensión arterial permanece alta

Carlos Mattos en España (Policía Nacional)
Carlos Mattos en España (Policía Nacional)

Este 25 de enero se conoció que el empresario Carlos Mattos, arrestado por corrupción judicial, tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá. Aunque apenas se dio a conocer el hecho, este ocurrió el pasado viernes 21 de enero. El sindicado ya cumple cinco días hospitalizado pero todavía no tiene un diagnóstico.

Una fuente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cercana al proceso de Mattos, contó a medios de comunicación que el traslado se habría dado bajo reserva, por seguridad del procesado. Así mismo, reveló que el detenido sufrió un derrame estomacal que, a su vez, le ha provocado fuertes dolores de cabeza y su tensión arterial permanece alta.

Esta es la primera complicación de salud que ha tenido Mattos desde el 17 de noviembre, cuando llegó extraditado desde España y quedó bajo custodia de las autoridades colombianas. La contingencia se presentó tres días después de que el empresario firmara un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Después de reuniones entre Iván Cancino y Alejandro Sánchez, abogados de Mattos, y el fiscal del caso, Daniel Hernández, se acordó que el ejecutivo pague una millonaria multa para resarcir su daño.

En el preacuerdo se contempla que Mattos pague una indemnización de un millón de dólares a la Fiscalía y a la Rama Judicial, que está acreditada como víctima en el proceso; y una pena pecuniaria de 30 millones de pesos. Además, cumpliría una condena de 32 meses, lo que se traduce a dos años y ocho meses de prisión, y tendrá una inhabilidad de 53 meses (4 años y 4 meses) para ejercer cargos públicos.

A Mattos se le señala de pagar cerca de 2.600 millones a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, entidad que presidía.

Dicha empresa controlaba la venta de los vehículos de la marca surcoreana en Colombia hasta 2016, año en que el fabricante le otorgó los derechos a Neocorp, filial colombiana de NeoHyundai, que a su vez hace parte del grupo empresarial Eljuri, uno de los conglomerados más poderosos de Ecuador. El último también es dueño desde 2001 de la importadora MetroKia, encargada de dicha marca en territorio colombiano; y de JAC desde 2013.

Su apropiación de Hyundai resultó en un duro pleito con Mattos, quien comenzó por denunciar a dicho grupo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin soltar la tenencia de la representación de Hyundai, a punta de sobornos y jugadas judiciales.

En primer lugar, habría pagado al menos $2.500 millones entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales y al juez Reinaldo Huertas para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de este último, para que el mismo fallara medidas cautelares a favor del primero y ordenara que el fabricante surcoreano no pudiera hacer negocios en Colombia con nadie diferente.

Cuando el caso avanzó y Neocorp continuó buscando la representación de la marca automotriz en Colombia, Mattos respondió con un nuevo juego de tutelas, para que la jueza Ligia del Carmen Hernández ordenara inspeccionar una filial de su competencia. Para ello, le pagó por lo menos $100 millones. No obstante, esta última fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión.

Con las investigaciones iniciadas en 2018, el empresario salió del país hacia España, dando inicio a una intensa puja por lograr su extradición.

Esta fue finalmente aprobada por primera vez en febrero del año pasado y retrasada en múltiples ocasiones, tanto por recursos interpuestos por la defensa del empresario, como por quebrantos de salud que él mismo ha venido experimentando.

Todo cambió el pasado 6 de octubre cuando las autoridades del país europeo finalmente dieron captura cuando se aprestaba a comparecer en una citación en la Audiencia Nacional de España. Así, y con todo el papeleo aprobado desde inicios de año, la justicia española terminó la luz verde final para el traslado a Colombia.

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