Una masacre cada dos días: el panorama de la violencia en Colombia según organizaciones sociales

Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han registrado hasta la fecha nueve asesinatos de líderes sociales en 2022

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Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Fotografía de archivo de un chaleco con mensaje que pide el alto a los asesinatos de líderes sociales mientras cuelga de un aviso de tránsito en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

En Colombia han asesinado a nueve líderes sociales en lo transcurrido del 2022. Frente a ese panorama, varias organizaciones de derechos humanos, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) alertan una “degradación de la violencia” en el país con una masacre cada dos días.

Una de las víctimas más recientes es el menor de 14 años, Breiner Cucuñama, un líder ambiental que tenía el sueño de ser guardia indígena.

El asesinato del niño ambientalista ocurrió el viernes 14 de enero hacia la 10:30 a. m., cuando la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc adelantó una incursión armada en el resguardo Las Delicias, del municipio de Buenos Aires en el Cauca. Durante ese ataque también falleció Guillermo Chicame, otro guardia indígena.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, informó el pasado martes que alias ‘El Indio’ sería el autor intelectual y material del homicidio de Breiner David Cucuñame.

El coordinador de Indepaz, Leonardo González, aseguró que la guardia indígena es una organización que defiende el territorio frente a cualquier interés que vaya en contra de las comunidades. “En ese sentido, el primer eslabón que se encuentra una organización armada como la Jaime Martínez que trata de imponer su orden y mantener el negocio del narcotráfico”, explicó el experto.

Por su parte, Pares aseguró en un informe que, “el 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales a lo largo del país”, pues Breiner y Guillermo no han sido las únicas víctimas.

El 17 de enero se conoció el asesinato de la líder campesina Luz Marina Arteaga, quien duró desaparecida cinco días antes de encontrar su cuerpo a las orillas del río Meta. También se le suma la muerte del defensor ambiental Mario Jonathan Palomino en el Carmen Viboral en Antioquia. “El escenario muestra una degradación de la violencia que debe alertar tempranamente a toda la comunidad internacional”, agregó la organización.

Con corte de los primeros 20 días de este año electoral, Indepaz registró que se han cometido 10 masacres en el país. Es decir, se registra una masacre cada dos días. Se trata de miembros de una familia que son asesinados en mitad de una vía, como ocurrió en Ocaña (Norte de Santander) el 20 de enero, o que son sacadas de su vivienda en medio de la noche para ser asesinadas, como pasó en la zona rural de El Paraíso (Putumayo).

Según El Espectador, los casos presentados por la fundación fueron explicados por Diego Alejandro Restrepo, analista de Pares: Se asesina a los líderes comunales o presidentes de JAC “para que sea más fácil para los grupos armados ejercer su control”, también, las masacres se cometen como un tipo de “violencia que impacta en lo simbólico y que atemoriza al enemigo y a la población civil”.

Ante estas lógicas se espera que los asesinatos y las masacres se incrementen en las próximas semanas por las elecciones que tendrá el país durante el 2022. Como aseguran desde Pares, “la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política”.

A pesar de que en 2016 se haya firmado un Acuerdo de Paz con las Farc, varios grupos al margen de la ley como el ELN o el Clan del Golfo comenzaron una disputa por el territorio y el control de las actividades ilegales. “La práctica de las masacres lo que quiere es dejar un escarmiento”, explicó Indepaz a El Espectador.

Las organizaciones también aseguran que la política del Gobierno no es suficiente para enfrentar la situación. “Es una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia”, como lo define Restrepo.

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