ONU pidió al Estado colombiano fortalecer su presencia en territorios como Arauca

Este jueves 20 de enero el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el informe trimestral sobre los avances del Acuerdo Final de paz entre las Farc y el Estado Colombiano. En su intervención, el funcionario habló sobre el más reciente atentado que sufrió el departamento de Arauca y a la violencia generalizada en la zona.

Massieu condenó los ataques armados y asesinatos selectivos que han ocurrido en los últimos días, sobre todo el atentado con carro bomba en Saravena, Arauca, en el que murió una persona y cuatro más quedaron heridas.

El jefe de misión aseguró que la situación de violencia ha venido escalando “sensiblemente”, por lo que solicitó al Estado una presencia “integral” en ese territorito, históricamente tan golpeado por el conflicto armado.

Aprovechó su intervención también para condenar el actuar de los grupos armados ilegales en contra de la población civil, las instituciones y la fuerza pública.

En ese mismo sentido pidió que “se actúe colectivamente” para detener la violencia “sin sentido” y más en un momento en el que se aproximan elecciones legislativas y presidenciales, las cuales se deben realizar de manera pacífica y participativa.

Por último, Massieu solicitó al Estado colombiano que avance en el desmantelamiento de grupos criminales y paramilitares, parte fundamental del acuerdo, y que ayudará, según él, a disminuir los índices de violencia en Arauca y otras regiones de Colombia.

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, resaltó el quinto aniversario del Acuerdo Final de Paz como una oportunidad para que los actores involucrados en la construcción de paz y la sociedad colombiana aborden el estado de la implementación, reconociendo los avances históricos, así como los enormes desafíos que persisten.

Afirmó que le alientan los beneficios de la paz de los que fue testigo durante su visita a Colombia, pero reiteró su preocupación por las amenazas a la consolidación de la paz, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación.

El secretario General de la ONU señaló que revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas advirtiendo que, de persistir esta violencia, esta “ventana de oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”.

Sobre el proceso de reincorporación, el Guterres destacó que entre los elementos más importantes del acuerdo están los que crean las condiciones para la transición a la vida civil de excombatientes que dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz, señalando que pudo escuchar sus esperanzas y preocupaciones de primera mano durante su visita.

Durante este periodo el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó ocho proyectos productivos colectivos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales.

El informe reportó que a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, casi el 59 % de los más de 13.000 excombatientes acreditados, incluyendo el 64 % de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.

Según el informe, en estos cinco años, la violencia contra líderes sociales, excombatientes, y comunidades se ha concentrado principalmente en 30 municipios, la mayor parte de ellos priorizados para la implementación del acuerdo.

Después de cinco años, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil. Desde la firma del acuerdo, 303 excombatientes (10 mujeres) han sido asesinados, diez durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz, excombatiente indígena del Cauca.

En este sentido, el secretario General de la ONU reiteró su llamado al gobierno y a las entidades del Estado para que no escatimen esfuerzos en la implementación integral del acuerdo.

“Se requieren avances reforzados en todos los puntos, incluidas las disposiciones pendientes sobre garantías de seguridad, y una mayor presencia del Estado para hacer efectivo el potencial transformador del Acuerdo y permitir que las instituciones civiles proporcionen efectivamente los tan esperados bienes y servicios en todo el país”.

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