Procuradora advierte que sancionará a elegidos por votación pese a fallo de la Corte IDH

La Procuraduría logró, con el apoyo del Congreso, reformar el Código Disciplinario, según la entidad, para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dentro del caso de la destitución que propició el exprocurador Alejandro Ordóñez contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Por esa destitución, Petro elevó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, tras estudiar el caso dictó medidas cautelares sobre el hoy senador. Además, en 2017 el organismo le hizo la recomendación al Estado colombiano de cambiar la normativa para evitar que sucedan futuros casos en los que el sujeto destituido se trate de un funcionario electo a través de voto popular.

“El Estado no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría”, se lee en el comunicado donde la Comisión remite el caso a la Corte IDH.

En 2020 llegó el nuevo fallo condenatorio contra la nación, en el que esta vez la petición de reforma deja de ser una recomendación y pasa a ser una orden del tribunal internacional para que se modifique el Código Disciplinario y se suprima el poder de la Procuraduría de destituir a un funcionario electo por el voto por una falta disciplinaria.

“La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención y al objeto y fin de la Convención”, se lee en la sentencia.

Sin embargo, la reforma que presentó la procuradora Margarita Cabello no cumplió con ese cometido y así lo reconoció ella misma. Tras el regaño que le hizo a funcionarios públicos este 18 de enero por intervenir en política, le dijo al diario El Tiempo que la Procuraduría sigue con la capacidad de investigar y sancionar a los funcionarios elegidos por votación.

La procuradora dijo que conserva todas las facultades “para actuar de manera preventiva y disciplinaria frente a la ocurrencia de presuntas faltas que cometan todas y todos los funcionarios públicos, incluidos, por supuesto, los de elección popular”, y que “desde que comenzó este proceso, en marzo de 2021, se ha alertado, requerido y conminado públicamente a todos los servidores, incluyendo a los de elección popular, a cumplir los deberes funcionales orientados a abstenerse de intervenir, participar, utilizar el cargo y/o influir en actos de política partidista que pongan en riesgo las garantías del electorado”.

Cabello aseguró a El Tiempo que: “la Procuraduría seguirá firme y decidida para que todos los servidores públicos de Colombia respeten la Constitución y la ley, sin distingo o color político. Muy equivocados están los que creen que la sentencia de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos les ampara para incurrir en infracciones de carácter disciplinario”.

Vale recalcar que, el pasado 29 de diciembre se conoció que la Corte IDH mostró su desacuerdo con la reforma encabezada por Cabello, que además fue duramente criticada porque lo que hizo fue crear cerca de 1.200 nuevos cargos en la entidad.

La Corte IDH subrayó que, ”se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”.

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