Procuraduría realiza intervención humanitaria en Arauca tras combates entre el ELN y las disidencias

La Procuraduría General de la Nación informó este jueves que adelanta una intervención humanitaria en el departamento de Arauca, luego de que se denunciaran combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que dejaron un saldo de ocho comunidades desplazadas.

El Ministerio Público desplegó un plan de intervención urgente en este departamento fronterizo con Venezuela, con el propósito de garantizar los derechos y las rutas de atención para las más de 105 familias colombianas y venezolanas víctimas del desplazamiento forzado por los enfrentamientos de estos grupos armados ilegales.

“La comisión especial de profesionales del Ministerio Público, liderada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Regional de Arauca, está haciendo presencia de manera permanente en estos municipios, para atender a las personas y familias que llegan desplazadas de las diferentes zonas rurales y de la línea fronteriza, para verificar su ingreso efectivo a la ruta de atención estatal dispuesta para protegerlos y solventar sus necesidades”, indicó el órgano de control.

En ese sentido, señaló que se han atendido 105 familias desplazadas, provenientes de los municipios de Tame, Arauquita, Saravena, Fortul y la capital, a la vez que se han recibido a la fecha cuatro declaraciones masivas, es decir, comunicados de comunidades enteras que debieron desplazarse a causa de estos hechos de violencia que han dejado más de 33 víctimas mortales.

Por tal razón el órgano de control ha llevado a cabo ocho espacios de diálogo con la sociedad civil y 15 más de seguimiento a la respuesta institucional, con el propósito de conocer de primera mano la manera en la que se está avanzando en la problemática social y la gestión de los protocolos y rutas de atención de las entidades, con el fin de resolver de manera eficiente esta crisis humanitaria.

“Las procuradurías delegadas para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Defensa de los Derechos Humanos han requerido por escrito a alcaldes y personeros de los municipios mencionados, solicitando informes oficiales sobre las gestiones desarrolladas frente a la crisis humanitaria y a las Fuerzas Militares y a la Unidad para las Víctimas para que activen los diferentes protocolos de atención y dispongan de los recursos económicos, físicos y humanos necesarios para atender la emergencia”, indicó el Ministerio Público.

A su vez, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, se trasladará este viernes al departamento para continuar para adelantar las mesas de diálogo con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, con el objetivo de adoptar acciones institucionales de cara a esta crisis social.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que cerca de 170 familias han sido desplazadas en Arauca, fenómeno ya empieza a sentirse en Norte de Santander, particularmente al municipio de Toledo a donde han llegado 24 familias, a su vez, aseguró que se evidenció una gran tensión por parte de las comunidades y temor por las acciones de los grupos armados que puedan generar más muertes.

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