Corte IDH cuestiona reformas en la Procuraduría

Un fuerte pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referido a la reciente reforma presentada en el organismo de control, el cual abrió un total de 1.208 plazas laborales, se conoció en las últimas horas.

Para el tribunal, la ampliación de nómina de la Procuraduría no cumple con el fallo emitido por ese organismo en el cual se condenó al Estado colombiano por la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro en los años de 2012 a 2016.

La primicia fue reportada por el Noticentro CM& que divulgó aspectos del fallo que se darán a conocer en las próximas horas.

Uno de los apartes del fallo indica que: “El documento establece que no cumple con los mandatos de la sentencia que se adoptó en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y cuestiona que la Procuraduría todavía conserve las facultades para inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular”, de acuerdo con el informativo, basado en la resolución del pasado 25 de noviembre.

Además la Corte IDH subrayó que“se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”.

Cabe señalar que el Decreto 1851 de 2021, el cual amplió la planta en el ente de control, de acuerdo con la Procuraduría es para dar cumplimiento al mandato de la Corte IDH “que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.

Además, la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello, argumentó que estos nuevos cargos, criticados por varios sectores en el país, son el producto de un estudio que evidenció las “necesidades y demandas” del órgano de control, los cuales eran “imposibles de satisfacer con la planta de personal actual”, razón por la cual se “recomendó ampliarla en diferentes niveles”.

“La provisión de estos cargos, que será gradual a partir del año 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario apropiado a la Procuraduría General de la Nación, que corresponde al 0,29 % del presupuesto nacional, es decir, similar y constantemente al apropiado anualmente desde el año 2017″, indicó el órgano de control en el comunicado.

De igual manera, señaló que estos puestos se distribuirán en diferentes niveles, con los cuales se buscará el “fortalecimiento de la función disciplinaria” con relación a las necesidades del servicio con los que se busca cumplir la sentencia de la Corte Interamericana.

Asimismo, el Ministerio Público explicó que el 89 % de los empleos que se crearán, es decir 1.080, a través de este criticado decreto están destinados a la carrera administrativa y el 22 %, que representan 269, corresponden a promover el programa del primer empleo.

“Esta reforma estructural de la Procuraduría General de la Nación busca combatir la corrupción y defender el Estado de Derecho mediante decisiones disciplinarias prontas y cumplidas, garantizando el debido proceso y la justicia que demanda la sociedad y fortalecer la capacidad de respuesta de la Procuraduría ante los más de 75 mil procesos disciplinarios activos que se recibieron en enero de 2021″, defendió la decisión el Ministerio Público.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello, aseguró en una entrevista a Semana que esta decisión fue conducida por una demanda del líder de la oposición Gustavo Petro con relación a la sentencia de la Corte Interamericana que solicitaba las garantías en su proceso.

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