Ordenan el traslado de personas privadas de la libertad hacinadas en Barranquilla

El Tribunal Superior de Barranquilla ordenó, este viernes 3 de diciembre, el traslado de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran hacinadas en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía en Barranquilla y su área metropolitana, debido a una intervención de la Procuraduría General de la Nación.

La magistratura, en fallo de segunda instancia, amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y alimentación de las personas privadas de la libertad que se encuentran hacinadas en la capital del Atlántico, ante la impugnación del Ministerio Público, por declararse improcedente la acción de tutela en busca de proteger los derechos de los reclusos en el departamento.

“Además, amparó el derecho a la igualdad, al conocer que una PPL de la población LGTBI fue ‘maltratada dentro de la sala de retenidos de la Estación de Policía San José, por lo que se ordena a la Alcaldía Distrital de Barranquilla tome las medidas necesarias tendiente a la salvaguarda de sus derechos, y en general a materializar el principio de enfoque diferencial y garantizar la vida e integridad física’”, señaló el órgano de control.

A su vez, el tribunal instó a la Gobernación del Atlántico, a la Alcaldía de Barranquilla y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a propiciar espacios de reclusión adecuados que garanticen el mínimo vital de las PPL, una petición que también ha manifestado la Defensoría del Pueblo, la cual ha evidenciado vulneración de los derechos de los reclusos en todo el territorio nacional.

El pasado 26 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que en las múltiples visitas que ha realizado la entidad en URI y estaciones de Policía del territorio nacional no solo se ha evidenciado hacinamiento, sino lamentables condiciones para las personas privadas de la libertad, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali y Valledupar.

En esta decisión, que se produce luego de la acción interpuesta por los procuradores judiciales Penales 353 y 207, en desarrollo de sus funciones de intervención, se les pidió a las alcaldías de Galapa, Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Barranquilla, “priorizar la prestación del servicio de salud, la entrega de medicamentos e insumos para las PPL que reporten enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas, degenerativas; que estén en condición de discapacidad; mujeres en estado de embarazo, así como garantizar la vacunación contra el covid-19″.

A la vez, se instó a garantizar el suministro de alimentos para los reclusos que se encuentran en los centros de detención, en cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, y sin interrupción.

La Defensoría del Pueblo de Colombia le hizo un llamado al Ministerio de Salud para que destine un lote de vacunas contra el covid-19 a la inmunización de las personas privadas de la libertad en el país, debido a la grave situación de hacinamiento que se presenta en los centros de reclusión.

Esta solicitud expresada por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se presenta días después que la entidad iniciara una serie de visitas a centros transitorios de privación de la libertad en diferentes ciudades del país, en las que evidenció una precaria condición de vida de los reclusos, sumada a problemas de salud y alimentación.

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