Imputado alcalde de San Vicente del Caguán por presuntas irregularidades en contrato para mitigar el covid-19

Se le acusa de celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y uso de documento falso

Julián Alfredo Perdomo Losada. Alcaldía de San Vicente del Caguán.
Julián Alfredo Perdomo Losada. Alcaldía de San Vicente del Caguán.

Este domingo 21 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Julián Alfredo Perdomo Losada, alcalde de San Vicente del Caguán (Caquetá); su secretaria administrativa, Katherin Chica Floriano, y la contratista Blanca Omaira Hernández Ladino, fueron imputados por presuntas irregularidades detectadas en la contratación para mitigar la pandemia del Covid -19 en 2020 en esa municipalidad.

Los delitos, imputados por una fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caquetá, según sus responsabilidades individuales, fueron de “interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y uso de documento falso”. En el caso de Hernández Ladino, le fue imputado el delito de peculado por apropiación en calidad de interviniente. Cabe decir que ninguno de los procesados aceptó responsabilidad alguna y les espera una próxima audiencia que será de acusación.

Los hechos materia de investigación, según informó el ente investigativo, ocurrieron entre noviembre y diciembre del 2020, cuando Julián Alfredo Perdomo Losada, en calidad de alcalde municipal, y Katherin Chica Floriano, como secretaria administrativa, se interesaron indebidamente en provecho de Blanca Omaira Hernández Ladino, quien era la representante legal de la Empresa HYM Soluciones Empresariales Zomac.

“Al parecer, lo actuado tenía como finalidad que se le adjudicara a Hernández Ladino el contrato de compraventa N. 366 de 2020, cuyo objeto era la compra de insumos destinados para el desarrollo de acciones en salud pública y el talento humano de la Administración Municipal en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por $85.748.540″.

Asimismo, se supo que, según los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI, los procesados utilizaron cotizaciones falsas que sirvieron de soporte en los estudios previos, favoreciendo así a la contratista.

De esta manera habrían vulnerado los principios de selección objetiva y transparencia. Igualmente se estableció que en la ejecución del contrato de compraventa hubo un sobrecosto por $35.052.754.

Incineran las camionetas de seguridad de varios excombatientes de las Farc

El pasado 18 de noviembre, seis camionetas que hacían parte del esquema de seguridad de varios firmantes de paz que habitan entre el Meta y Caquetá fueron incineradas.

El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz (SINTRASEPAZ) informó que los mismos escoltas de los excombatientes de las Farc presenciaron los hechos y que están a salvo.

“Informan compañeros escoltas que fue incinerado el esquema colectivo asignado a excombatientes que habitan el ETCR Playa Rica, en límites entre San Vicente del Caguán Caquetá y La Macarena Meta”, señaló el sindicato.

En su versión inicial, el personal adscrito a la UNP indicó que a la altura del sector conocido como Las Damas, repentinamente fueron abordados por hombres armados pertenecientes al Grupo Armado Residual, estructura Jorge Briceño Suárez, quienes les despojaron de sus chalecos antibalas y armas de dotación, para luego proceder a incinerar los cuatro vehículos de dos esquemas colectivos y dos esquemas individuales asignados. Los vehículos tan solo transportaban personal adscrito a la UNP, pero ninguno de los beneficiarios protegidos.

Dice el Ejército sobre este ataque, que en el ETCR Yarí y sus inmediaciones, las Fuerza Militares ejercen el control territorial con tropas del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea a través de operaciones conjuntas desde el Comando Específico del Caguán, coordinadas con la Policía Nacional, Unidades de Carabineros UBICAR, e interinstitucionales con la UNP y demás autoridades.

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