Imputan cargos a general de la Policía de Bogotá por caso del grafitero Diego Felipe Becerra

De acuerdo con el fiscal del caso, el general Francisco Patiño dio instrucciones para vincular a Becerra a una actividad delincuencial y demostrar que el patrullero Alarcón había actuado en legítima defensa

General de la Policía de Bogotá Francisco Patiño y el joven grafitero Diego Felipe Becerra.
General de la Policía de Bogotá Francisco Patiño y el joven grafitero Diego Felipe Becerra.

En las últimas hora se conoció que la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal y ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios contra el excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Francisco Patiño, por haber dado órdenes para manipular los hechos en los que murió el joven Diego Felipe Becerra el 19 agosto de 2011.

De acuerdo con un comunicado emitido por la misma Fiscalía, esta informó que presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá al mayor general en retiro de la Policía, como presunto responsable de diferentes acciones irregulares realizadas para ocultar la verdad sobre la muerte del joven grafitero.

En dicha información, el ente acusador señaló que esta imputación se da por la muerte del joven a causa de una herida de arma de fuego propiciada de manera injustificada por el entonces patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, condenado por estos hechos.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía señaló que en la escena del crimen fue implantada un arma de fuego para hacer creer que iba a ser usada por el menor de edad, además, se realizaron otras acciones para hacer creer que el joven estaba cometiendo actuaciones ilícitas.

En la investigación, la Fiscalía logró constatar que, como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el alto oficial habría tenido pleno conocimiento de lo sucedido y era consciente de que varios de sus subalternos buscaban proteger al patrullero Alarcón. Al parecer, se orquestó un plan para cuidar la imagen de la Policía y desacreditar al joven grafitero con el supuesto de que participó en el asalto a un bus de servicio público.

“Cuando ya no se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana influyó en que los policías vinculados tuvieran privilegios en su lugar de reclusión (...) El patrullero Alarcón tuvo una visita especial suya en compañía de una dama antes de la audiencia de imputación de cargos”, precisó el fiscal.

Asimismo, el fiscal señaló que el alto mando de la Policía ya sabía de la ubicación de un arma de fuego en el lugar del homicidio, de un falso testimonio brindado por un conductor de una buseta que respaldaba la tesis de que Diego Felipe Becerra estuvo involucrado en un robo, además, del ocultamiento de la declaración de una persona que sí fue víctima de un robo en un vehículo de servicio público y de la entrega de bonos de mercado por valor de $200.000 a la esposa del hombre que entregó la versión falaz.

Adicional a esto, la Fiscalía tiene conocimiento de que el hoy procesado, al parecer, sostuvo diversas reuniones con patrulleros y oficiales para determinar el sentido de las declaraciones que se iban a rendir ante las instancias disciplinarias y penales.

Ante las pruebas y los resultados de la investigación que cumple una década, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al general Patiño los delitos de favorecimiento y fraude procesal, dichos cargos no fueron aceptados.

Según lo informado por el diario El Tiempo, en la audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes, el abogado Alberto Morelos, defensa de Patiño Fonseca, le solicitó al magistrado del Tribunal de Bogotá, Efraín Adolfo Bermúdez, que la audiencia no fuera abierta para los medios de comunicación argumentando que se podría “poner en riesgo la vida privada del acusado”.

Ante la petición del abogado, ni el fiscal Hernán Suárez ni la madre de Diego Felipe Becerra presentaron objeciones respecto a que en la audiencia la prensa estuviera presente; sin embargo, el magistrado consideró que dicha solicitud no era procedente y afirmó que “la observación fue etérea y no hay ningún argumento convincente para considerar que la audiencia ponga en riesgo la vida privada del indiciado”.


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