La Sociedad Hidroeléctrica Ituango advirtió sobre las millonarias pérdidas que surgirían si el proyecto no se inaugura en 2022

En caso de que no se entre en operación el otro año, en el 2022, las nuevas pérdidas, junto a las acumuladas, sumarían un valor de 85 millones de dólares

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La Sociedad Hidroeléctrica Ituango advirtió sobre las millonarias pérdidas que surgirían si el proyecto no se inaugura en 2022
La Sociedad Hidroeléctrica Ituango advirtió sobre las millonarias pérdidas que surgirían si el proyecto no se inaugura en 2022

A través de una misiva, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, la misma que representa a los dueños del proyecto, describió los riesgos que existen en caso de que se incumplan las obligaciones que tiene Empresas Públicas con el contrato Boomt y la administración de la licencia ambiental. Bajo el asunto de “Alerta Temprana – Incumplimiento obligaciones BOOMT y administración de la Licencia Ambiental”, el grupo advirtió que, entre otras consecuencias, las pérdidas económicas, en caso de no inaugurar el proyecto en el año 2022, serían millonarias. Javier Darío Soto, gerente de la Hidroeléctrica Ituango, comentó que existen atrasos considerables en la ejecución de las obras principales.

“Le informa que con base en el seguimiento y verificación del contrato BOOMT, el cronograma de la CREG, la licencia ambiental del proyecto, las declaraciones públicas por parte de EPM y las respuestas aportadas a la sociedad a las diferentes solicitudes realizadas, se identificaron eventuales incumplimientos que de materializarse ponen en riesgo la viabilidad del proyecto, la licencia ambiental y la seguridad de la comunidad aguas abajo, de conformidad con lo que a continuación se expone”, inicia diciendo el documento que contiene seis puntos.

La sociedad detalló, en un principio, acerca de la pérdida de la segunda obligación de energía en firme que hace que se acumule a la pérdida de la primera, esto se refiere a que, a pesar de las advertencias hechas, en repetidas ocasiones, por parte de la Sociedad a la EPM, hay ‘atrasos importantes en la ejecución de las obras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango’ lo que pone en riesgo el cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) que se encuentran vigentes del proyecto.

La primera OEF con Fecha de Inicio de Periodo de Vigencia de la Obligación (IPVO), el 1 de diciembre de 2018, no se cumplió. El incumplimiento de la primera generó pérdidas de aproximadamente 17 millones de dólares anuales. En caso de que no se entre en operación el otro año, en el 2022, las nuevas pérdidas, junto a las acumuladas, sumarían un valor de 85 millones de dólares. Para evitar esto, la Sociedad le pide a la EPM que se gestione, de manera inmediata, las acciones para que se inicie la operación, a más tardar, en julio del 2022.

“En atención a lo expuesto, y al avance actual del proyecto, se advierte por parte de HIDROITUANGO que en el caso en que EPM no entre en operación con las unidades 1 y 2 de generación del Proyecto, en la fecha máxima establecida para la subasta de planta GPPS de 2012 con IPVO 1 de diciembre de 2021 y en la subasta de planta especial del 2019 con IPVO el 1 de diciembre 2022, los efectos económicos de dichas pérdidas y los pagos derivados de las ejecuciones de las garantías, en lo que tiene que ver con la proyección de ingresos para el cálculo de la Remuneración, no podrán ser incluidos como un menor ingreso, ni como un costo del Proyecto”, se redactó en la carta.

En caso de que no se entre en operación el otro año, en el 2022, las nuevas pérdidas, junto a las acumuladas, sumarían un valor de 85 millones de dólares. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo
En caso de que no se entre en operación el otro año, en el 2022, las nuevas pérdidas, junto a las acumuladas, sumarían un valor de 85 millones de dólares. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

En el documento, la Sociedad expuso los constantes incumplimientos que han evidenciado a lo largo del proceso que se mantiene sobre este proyecto que, desde su colapso en 2018, ha estado bajo la mirada de la opinión pública. Luego de que la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA) impusiera a la hidroeléctrica una medida preventiva de suspensión de licencia ambiental, a través de la Resolución, debido a la contingencia presentada en abril del ya mencionado año, no se ha presentado el informe que exponga la garantía de la estabilidad actual y futura de la infraestructura. Este documento, luego de una revisión de la ANLA, permitiría el levantamiento de la decisión, en caso de ser correcto y aprobado por la autoridad.

Así mismo, aunque la Sociedad le pidió a la EPM un informe de riesgos, luego del fallo de la Contraloría que advertía sobre la inhabilidad de los integrantes del consorcio, y las gestiones que se han adelantado para un eventual cambio de contratista, Empresas Públicas “se limitó a manifestar que en caso de una inhabilidad sobreviniente que impida al contratista continuar con la ejecución de las obras podría tener impactos en el cronograma de ejecución del proyecto, y activar otros riesgos de tipo regulatorio, comercial, económicos, financieros”.

Por el otro lado, y teniendo en cuenta el contrato BOOMT, se recordó que las partes habían acordado que Hidroituango tendría acceso a toda la información relacionada con el proyecto y el contrato, respetando, por su puesto, los principios de no coadministración y no control previo. “Sin embargo, a partir de la contingencia presentada en abril de 2018 en el HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. proyecto, la información que EPM suministra no ha sido ni suficiente, ni oportuna para que HIDROITUANGO realice las acciones que le corresponden”, se expuso en la carta que, ahora exige respuestas y avances.

Por último, en la conclusión del comunicado, la Sociedad aseguró que a pesar de los avances que se han realizado, bajo supervisión de la ANLA, hay preocupación por temas relacionados a la estabilidad de las obras ante la eventual solución de continuidad en la ejecución del proyecto, particularmente, las que tienen que ver con el vertedero, el riesgo de destaponamiento del túnel de desviación derecho, el riesgo de destaponamiento del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD), y otros riesgos provenientes de la suspensión de las obras.

Presentamos alerta temprana ante los riesgos de nuevos incumplimientos y amenazas graves para el desarrollo del proyecto que se puedan presentar por un cambio de contratista, en uno de los momentos más críticos del proyecto y faltando solo 9 meses para la entrada en operación de la primera unidad de generación (27 de julio de 2022), vulnerando con ello los principios de planeación, economía, responsabilidad, configurando además, un riesgo para el patrimonio público de EPM por las acciones que se presenten por incumplimiento de sus obligaciones contractuales”, finaliza la misiva.

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