Denuncian la grave violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia

La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia expresó su preocupación y solicitó atención por parte del Gobierno Nacional

02-07-2017 Los pueblos indígenas de Colombia se siguen enfrentando hoy en día a los mismos retos que "hace más de 500 años" y que son resultado de la exclusión y la desigualdad imperante en el país, sostiene Ruth Chaparro, subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que confía en que el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) permita prestar a partir de ahora más atención a sus necesidades
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD
MIGUEL ANGEL VELANDIA
02-07-2017 Los pueblos indígenas de Colombia se siguen enfrentando hoy en día a los mismos retos que "hace más de 500 años" y que son resultado de la exclusión y la desigualdad imperante en el país, sostiene Ruth Chaparro, subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que confía en que el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) permita prestar a partir de ahora más atención a sus necesidades POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD MIGUEL ANGEL VELANDIA

Este jueves 21 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia denunció graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las comunidades originarias a causa del recrudecimiento de la violencia, la no implementación integral del Acuerdo Final de Paz y la ausencia estatal.

Así lo anunció la comisión a través de un comunicado en el que exponen su “extrema preocupación” frente al aumento acelerado de la violación a los derechos humanos de estas comunidades, que habrían padecido entre enero y octubre de 2021 tres masacres, 117 homicidios, dos desapariciones forzadas y el desplazamiento de 2.444 de sus miembros.

A causa de la agudización del conflicto armado en los territorios; la violación a los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) por parte de grupos armados legales (fuerza pública) e ilegales (grupos paramilitares, disidencias de las FARC y grupos de narcotráfico); la falta de implementación del Acuerdo de Paz, incluido el capítulo étnico. Todo lo anterior es muestra del proceder doloso del Gobierno de Iván Duque”, indicó la comisión.

Asimismo, han identificado al menos 12.551 hechos victimizantes; 9.341 confinamientos; 159 casos de amenazas individuales y colectivas; 11 atentados; cuatro secuestros; 72 hostigamientos y combates; tres retenciones ilegales; dos casos de tortura; 41 reclutamientos forzados entre otros casos que se habrían presentado en gran parte del territorio. nacional.

Las comunidades más afectadas por estas vulneraciones son los embera dobida, katio y chamí; nasa; zenú; wayuu; awá; wiwa; kametsa; pastos; arhuaco; sikuani; yukpa; wounaan y eperara siadpidara principalmente en los departamentos del Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, La Guajira, Boyacá, Norte de Santander, Vicada y Arauca.

“Sin duda esta estrategia es un plan que pretende desestabilizar las políticas comunitarias de los pueblos indígenas, los mandatos comunitarios en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, para lograr salvaguardar el negocio del narcotráfico, el favorecimiento a los terratenientes y multinacionales que pretenden copar y tomar control del territorio”, aseveró la comisión.

En ese sentido, manifestaron que a esta grave situación se suma la “desatención del Estado colombiano” en las diferentes regiones del país, pero especialmente en las zonas de frontera, donde se presentan altas tasas de mortalidad infantil y desnutrición, reclutamiento forzado, como sucede en departamentos como La Guajira en la que habita el pueblo wayuu.

Por tal razón, le exigieron al Gobierno nacional y a los grupos ilegales respetar la vida, las dinámicas organizativas, las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas así como la salvaguarda de los territorios ancestrales frente a los intereses extractivistas y el cumplimiento de capítulo étnico del Acuerdo de Paz, así como “parar el exterminio físico y cultural al cual están sometidos los pueblos indígenas en el territorio”.

“El incremento de la explotación minero-energética que conlleva a la degradación del territorio y las distintas formas de vida; la desatención por parte de las instituciones estatales a las s situaciones de emergencia y las estrategias de fraccionamiento por parte del Gobierno al interior de los pueblos indígenas, constituyen los contenidos principales de una situación estructural de afectación a los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas”, concluyó la comisión.

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