Procuraduría ordena a Anla y Cortolima cumplir compromisos con los indígenas Pijao

Hay cuatro medidas esenciales que se deben cumplir próximamente para evitar que la petrolera Hocol violente los derechos de las comunidades

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El pozo Merecumbé 1 se perforó exitosamente entre el 5 y el 27 de noviembre de 2019, dentro del cronograma y costo esperado. Las pruebas cortas del pozo se realizaron en varias fases durante el primer semestre de 2020. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo
El pozo Merecumbé 1 se perforó exitosamente entre el 5 y el 27 de noviembre de 2019, dentro del cronograma y costo esperado. Las pruebas cortas del pozo se realizaron en varias fases durante el primer semestre de 2020. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Desde hace seis años los indígenas Pijao que habitan en Ortega, Tolima, están librando una batalla jurídica para que se les respeten sus derechos y se proteja su territorio. La pelea es contra la petrolera Hocol S. A., que hace unos años desalojó a la comunidad al ganar un fallo que meses después quedó inhabilitado. Se determinó que sacar a los pijaos de su resguardo vulnerar sus derechos, por lo que se ordenaron una serie de medidas para resolver el conflicto social, sin embargo, estas aún no han sido acatadas por lo que la Procuraduría General de la Nación instó a las autoridades que se hagan efectivas.

Este 18 de octubre el órgano de control le pidió puntualmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) crear un instrumento conjunto que refleje los requerimientos, compromisos y obligaciones por parte de Hocol para con los pijaos. Este trabajo deberá hacerse en articulación con la Procuraduría Regional de Tolima, Judicial Ambiental y Agraria, y Provincial de Chaparral, las delegadas para Entidades Territoriales y Diálogo Social, y para Asuntos Étnicos. El objetivo es ejercer vigilancia y hacer seguimiento a las solicitudes pendientes en materia ambiental.

“En los espacios de diálogo dispuestos por la Procuraduría, los indígenas Pijao solicitaron a la ANLA y a Cortolima definir las medidas que tomarán como autoridades ambientales frente a los requerimientos incumplidos por la empresa Hocol S. A. Se deberá crear un instrumento conjunto que refleje los requerimientos, compromisos y obligaciones en busca de resolver el conflicto social con la comunidad indígena”, dijo el órgano de control.

Se detalló que hay cuatro medidas esenciales que se deben cumplir próximamente. En primer lugar, Hocol S. A. deberá tramitar el permiso de emisiones atmosféricas para los sistemas de control de quemado en el proceso de explotación y combustión petrolera, que se encuentra vencido hace dos años. Además, deben disminuir los niveles de ruido ambiental y presentar los soportes de la implementación de las medidas adoptadas para tal fin.

La Anla y Cortolima están obligadas a realizar monitoreos a la calidad del agua de los ríos Peralonso y Cucuana, aguas arriba y aguas debajo de las instalaciones del proyecto. Y por último, las entidades tendrán que explicar por qué los pozos Ortega 3, 4, 5, 6, 7, 8 este, 11, 14, Pacandé sur 2, 3 y 4, y Monserrate 1 se perforaron sin elaborar planes de manejo ambiental.

La Procuraduría asegura que con esta orden no pretende interferir con el proceso sino servir como mediadora para resolver el conflicto social.

“Con esta actuación preventiva la PGN no pretende coadministrar, busca servir como mediadora entre la ANLA y Cortolima con la comunidad indígena Pijao, que años atrás reclama la presencia de las autoridades competentes para adoptar las acciones que solucionen la problemática ambiental que enfrenta”, se lee en un comunicado de prensa oficial.

Se espera que ahora sí se haga efectivo el fallo y se le den garantías a los indígenas, pues llevan años denunciando la situación. Incluso, hace cinco años instalaron una asamblea permanente, a la que denominaron Gran Minga Indígena en la Zona Petrolera, para tratar de detener la exploración de sus tierras por parte de la compañía.

Julián Viña, defensor de derechos humanos local, asegura que los ciudadanos se sienten abandonados por el gobierno nacional. Desde la llegada de la petrolera, se han denunciado diferentes tipos de daño, desde contaminación en las fuentes hídricas, y deforestación, hasta constante contaminación auditiva y malos olores.

“Llevamos más de cuatro años y hemos asistido a muchas reuniones y siempre llegamos a lo mismo (…) nunca han hecho una sanción real contra la empresa frente a las gravísimas afectaciones. Estoy seguro que todas las comunidades están contaminadas de metales pesados y la gente lo está evidenciando”, dice Viña.

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