La polémica detrás de la reforma a la justicia que avanza en la Cámara de Representantes

El proyecto de acto legislativo contempla dos modificaciones principales que han sido catalogadas como ‘micos’, es decir que pretenden tramitar intereses particulares en la reforma a la justicia. Se trata de un nuevo sistema de elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; así como el órgano competente de investigación la cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

En el artículo 1 del proyecto, se establece que modificar el 231 de la Constitución para que quede así: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa convocatoria pública conforme al reglamento de cada una de ellas.”.

Para algunos expertos, esa modificación le quitaría las facultades de conformación de listas al Consejo Superior de la Judicatura. Según expuso en audiencia pública la presidenta de esa corporación judicial, Gloria Stella López, ese proyecto iría en contra de la independencia judicial y al quitar la facultad reemplazaría a la Constitución.

Otro de los postulados que han generado debate y oposición es que otorga a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la capacidad para investigar al “Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”, según el artículo 2 del texto de ponencia para primer debate.

Mientras algunos académicos consideran que esa función podría ampliar las funciones de control del Congreso sobre los órganos como el Ministerio Público y la Fiscalía; para otros no es idóneo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara ejerza esa labor por sus pocos antecedentes en la investigación y juicio político.

“Aquí todos sabemos la absoluta inoperancia de la Comisión. La reforma es una auténtica ruptura del orden democrático, entre otras cosas, porque busca darle más poder a la inoperante Comisión de Acusaciones, siempre garante de la impunidad”, señaló el representante liberal Juan Carlos Losada según citó el diario El Espectador.

Miembros de Asonal Judicial también aseguraron a Noticias UNO, que pasar la investigación de los órganos de control de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación es una posibilidad de impunidad debido a que ese órgano de la Cámara es “inoperante”.

Otro de los artículos que ha generado debate es que ablanda los requisitos de experiencia profesional en derecho para los cargos de Procurador General de la Nación, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional.

El texto plantea que para ser elegido en estos cargos será requisito: “Tener título universitario en ciencias jurídicas, y experiencia profesional no menor a quince (15) años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o jurídicas, o como docente universitario por el mismo tiempo”, agrega en los artículos 6, 9, 10 y 11.

En cambio, establece una experiencia específica de 10 años en las funciones a desempeñar para los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Ese artículo fue cuestionado por el representante y ponente del proyecto Inti Asprilla, quien radicó una ponencia de archivo, en la que aseguró que el requisito solo daría posibilidad a los que han ocupado los cargos en la administración judicial para ser elegidos.

El acto legislativo fue radicado el 13 de septiembre de 2021 por los Senadores Germán Varón Cotrino , Fabio Raúl Amin Saleme , Miguel Ángel Pinto Hernández , Armando Alberto Benedetti Villaneda , Eduardo Emilio Pacheco Cuello , Roy Leonardo Barreras Montealegre y los Representantes .a la Cámara Julio César Triana Quintero , José Daniel López Jiménez , Jennifer Kristin Arias Falla y Oscar Sánchez León.

SEGUIR LEYENDO: