Fiscalía pide a Tribunal que retire del cargo al actual gobernador del Putumayo

La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría pidieron al Tribunal de Bogotá retirar del cargo al gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña dadas las investigaciones que se adelantan en su contra, lo que podría afectar el proceso teniendo en cuenta su alto cargo.

La investigación contra el gobernador es por irregularidades en unos dineros destinados a la adquisición de 10 ambulancias para el Putumayo en un contrato de $3.460.634.610. En las investigaciones la Fiscalía detectó un supuesto direccionamiento indebido para que la adquisición de los vehículos quedara en manos de un único proponente, Carrocería Innovas SAS; además de un sobrecosto por $1.064.626.310.

El material de prueba también evidenció que el contratista, al parecer, no tenía disponibles las ambulancias medicalizadas para la fecha y plazo del contrato; sin embargo, habría recibido un anticipo del 50% del valor del contrato, en contravía de las normas.

Por estos hechos, la Fiscalía General imputó al gobernador Rosero Peña los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El hombre recibió medida de aseguramiento en noviembre de 2020, pero hace unas semanas quedó en libertad por vencimiento de términos.

Es la tercera vez que un gobernador del Putumayo se ve involucrado en irregularidades, el último fue el exrepresentante a la Cámara, Jimmy Díaz que estuvo en el cargo hasta 2015 y que tiene un proceso con la justicia por delitos ambientales y fue condenado a más de nueve años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos dados los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros y receptación.

La Corte Suprema de Justicia determinó que Díaz fue responsable de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero junto a Humberto Ramírez Leal, alias ‘Barbas’, negociante de oro y representante legal de la Asociación para la Minería de la Cuenca de los Ríos Putumayo y Caquetá.

El otro proceso es contra la exgobernadora Sorrel Aroca que fue llamada a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de homicidio culposo ya que, al parecer, pudo haber evitado la tragedia de la avalancha en Mocoa, capital del departamento.

Dicha avalancha, aseguran los entes acusatorios, se pudo prevenir si Aroca Rodríguez y su gabinete departamental hubiesen implementado un sistema de alertas que les avisara de la ‘furia de la naturaleza’ que ya había dejado alertas por las inundaciones y ola invernal que enfrentaba Mocoa en ese entonces.

Además, denuncian que la exburgomaestre también “obvió las advertencias, controles y se abstuvo de realizar las actividades que le eran exigibles para evitar las consecuencias del fenómeno natural presentado entre el 31 de abril y el primero de octubre de esa anualidad”, reza el documento.

Durante el juicio, la Corte Suprema aceptó a varios de los damnificados como víctimas del caso, quienes no solo son apoderados y denunciantes contra Aroca, sino que también perdieron sino todas, la mayoría de sus pertenencias e incluso a sus familiares durante ese desastre natural.

“Existía una evidente situación de riesgo generado por un factor de naturaleza que le exigía el deber de actuar”, complementa la Fiscalía Décima Delegada.

Cuando ocurrió la tragedia por la que la hoy la política es acusada, ella misma reconocía que no tenía nada que ver y lanzaba duros arremetimientos contra sus críticos, quienes la cuestionaban por los muertos, las pérdidas materiales y todo lo relacionado a esa situación.

“(...) Creo que parte de lo más duro es resistir los ataques de todos los que están buscando culpables y no hacen sino señalarme. Yo estoy trabajando sin descanso, y hay mucha gente que solo me busca para señalarme por esto, para hacerme responsable. Por eso, encontrarse con gente que primero que todo quiere ayudar, es muy refrescante”, decía Sorrel Aroca Rodríguez en 2017, en testimonios recopilados por el diario local El País de Cali.

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