Condenan a nueve años de cárcel a exalcalde de Vichada por celebración indebida de contratos

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño condenó a nueve años y cinco meses de prisión a Aldemar Gómez González, exalcalde del municipio de Cumaribo (Vichada), por incurrir en delitos contra la administración pública. La Fiscalía lo imputó por el delito de celebración indebida de contratos en concurso homogéneo y sucesivo.

Aldemar Gómez fue alcalde entre 2008 y 2011 y en ese tiempo, según el material probatorio que entregó el ente acusador, el exmandatario no obedeció una instrucción del Ministerio de Protección Social que prohibía el traslado de afiliado a otras EPS.

El hombre firmó dos contratos con la administradora del régimen subsidiado Caja de Compensación Familiar (Cajacopi) Atlántico por más de 3.500 millones de pesos. De esta manera fueron trasladados a la EPS Cajacopi a integrantes de las comunidades indígenas de Acatisema y Palameku del municipio de Cumaribo (2009).

Se pudo constatar, entonces, que estas personas estaban afiliadas al régimen de salud subsidiado de EPS Asmeti, Ecoopsos y Fusissco. La decisión condenatoria contra el exalcalde no fue apelada por la defensa, así que se ordenó su captura de manera inmediata. También estará inhabilitado para celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado.

Por algo similar fue condenado recientemente el alcalde del municipio de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina y el asesor financiero de su administración, Jhon Jainer Torres, que fueron judicializados el pasado 9 de septiembre por un fiscal de la Seccional departamental.

El ente investigador le imputó cargos al mandatario de este municipio al suroccidente de Colombia por su presunta coautoría en los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con violación de régimen e incompatibilidades.

A su vez, al asesor financiero se le imputaron cargos por las conductas delictivas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, razón por la cual fueron capturados el pasado 31 de agosto en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pasto, capital de Nariño.

Los funcionarios fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de soldados del Ejército Nacional que efectuaron la detención en una de las calles del municipio y en el aeropuerto del municipio de Tumaco, en las costas del departamento.

De acuerdo con las indagaciones, la alcaldía municipal de El Charco publicó los estudios previos y la invitación a personas naturales y jurídicas, con la intención de suscribir un contrato de suministro de elementos de ferretería para el mejoramiento de la red de alcantarillado por un valor de $23.226.684 millones en un plazo de ejecución de cinco días.

“Sin embargo, una vez surtido el cierre de la convocatoria, la administración firmó el acta dejando constancia de que se había recibido una sola propuesta. Luego de un aparente proceso de evaluación deficiente y direccionado, el alcalde Cándelo Reina habría contratado al único proponente, el cual no cumplía los requisitos y no ejecutó el proceso”, señaló la Fiscalía.

Para la entidad, el contratista estaba inhabilitado para firmar este documento, debido a que pertenecía a la planta de profesores de la Secretaría de Educación del municipio, razón por la cual quien aparecía suscribiendo el citado contrato fue una tercera persona.

Al finalizar la diligencia, la Fiscalía apeló la decisión del juez promiscuo de El Charco, debido a que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento a los procesados, quienes permanecen en un proceso de investigación por estas conductas delictivas a las cuales estarían vinculados.

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