Presentan ante la JEP los crímenes cometidos contra la comunidad LGBTI durante el conflicto armado

La organización Caribe Afirmativo, y el Círculo de Estudios Culturales y Políticos, presentaron un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamado “Existir entre el prejuicio y la violencia” , donde se muestran los testimonios de crímenes cometidos contra la comunidad LGBTI en el Meta durante el conflicto armado.

La investigación relata 14 casos concretos contra personas de esta comunidad en donde los perpetradores fueron las Farc en su mayoría y grupos paramilitares que controlaban la zona.

El informe revea además patrones de violencia de la extinta guerrilla Farc, Autodefensas y otros grupos contra miembros de la comunidad LGBTI+. La guerrilla se encargó de amenazar, someter con violencia sexual y desplazar a personas de este grupo, entre 1998 y 2004.

Los paramilitares agregaron a los crímenes antes mencionados torturas y secuestros entre 1999 y 2005. La mayoría de los delitos se cometieron, según el documento, por el control territorial y para la “eliminación” o “castigo” de las expresiones de diversidad sexual.

Por último, el informe también da cuenta de la impunidad que hay en la mayoría de estos casos descritos y aseguran que ninguna de las víctimas ha podido entregar su relato a las autoridades.

Colombia registró en 2020 la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBTI

En su más reciente informe, Colombia Diversa evidenció que el 2020 fue un año muy violento para las personas LGBT en Colombia. Mientras el número total de homicidios y amenazas, en general, disminuyó a niveles que no se veían desde hace 40 años, para el caso de lesbianas, gay, bisexuales y trans pasó lo opuesto, aumentaron considerablemente, así se pudo leer en el documento donde se manifiesta la violación de derechos humanos a este tipo de población titulado: “Nada que celebrar”

Además, alertaron que a pesar de la evidencia, el Estado sigue sin tomar medidas de prevención y protección o buscando una mejora en sus sistemas de información que permitan explicar estas preocupantes cifras. “Desde 2011 se venían registrando en promedio 110 homicidios por año sin, embargo, 2020 ha sido el año en el que más personas LGBT fueron asesinadas, amenazadas o fueron víctimas de violencia policial del que se tiene registro”, asegura la organización.

Según Colombia Diversa, este incremento podría deberse a una mejora en el registro de casos de violencia contra la población LGBT o efectivamente a un aumento de la violencia contra ella o a una combinación de ambos factores. Además, se resalta que se han multiplicado los canales de denuncia de violencia contra personas o los grupos pertenecientes a la comunidad han estado más activos en la denuncia de casos, lo que también puede contribuir a un mejor registro de datos.

“No obstante, es importante resaltar que no se tiene una respuesta exacta al por qué del aumento exponencial de las cifras debido a que no existen investigaciones detalladas o respuestas transparentes por de los sistemas de información de las instituciones estatales competentes”, cita Colombia Diversa.

Curiosamente, el año con el mayor número de casos registrados, también es el año con la menor cantidad de información detallada sobre los mismos por parte de organismos estatales. Razón por la que la organización resalta que han venido haciendo un llamado de atención sobre el subregistro de datos y la necesidad de que el Estado mejores sus sistemas de información y, si bien el registro de la orientación sexual e identidad de género de las víctimas mejoró en la información suministrada por las instituciones, los detalles como el arma o método empleados al momento de los homicidios, el lugar de ocurrencia del hecho, los posibles móviles o el avance en los procesos penales no fue suministrada, como sí se venía haciendo en años anteriores.

“El poco acceso a información detallada impide hacer un análisis más minucioso que permita ratificar patrones de violencia que se han identificado en estudios anteriores o reevaluarlos a la luz de nuevos datos. Lo anterior dificulta que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos y puedan explicar este aumento de la violencia, que analicen el nivel de impunidad en las investigaciones o que propongan medidas de mitigación”, argumentó la organización dentro de la investigación.

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