Estafas, escándalos y lujos: la historia de Emilio Tapia, el ‘zar de la contratación’, detenido nuevamente por el escándalo de Mintic

El empresario fue condenado a 17 años de cárcel por ser participe del llamado ‘carrusel de la contratación’, un entramado de corrupción en Bogotá, Pasó de ser un oscuro funcionario del Distrito a un poderoso elemento en varios procesos ilegales

Imagen de referencia. Emilio Tapia, protagonista del Cartel de la Contratación, aclaró su relación con el escándalo de MinTIC. Foto: archivo

La Fiscalía confirmó que en el marco del caso del contrato que le adjudicó el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, que finalmente caducó por el escándalo de unas pólizas falsas que presentaron los contratistas pero también por el anticipo de 70.000 millones de pesos que no aparecen, durante la madrugada del lunes 20 de septiembre el CTI capturó en Barranquilla al contratista Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, mientras que en Medellín se produjo la detención de Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.

El nombre de Emilio Tapia, no fue una sorpresa para los colombianos y los entes judiciales, pues el país lo vio por primera vez en el 2010, cuando se convirtió en uno de los protagonistas del millonario robo de las arcas de Bogotá en la administración de Samuel Moreno, y que fue conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Previo al escándalo Emilio Tapia era un abogado, que había laborado como funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU); posterior a este cargo, de acuerdo con las autoridades, se dedicó a lavando dinero a políticos y contratistas involucrados mediante empresas de fachada a su nombre. Debido a esto las autoridades lo acusaron y condenado por “cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”.

Además, mediante dichas entidades falsas, Tapia consiguió obtener contratos de obras de infraestructura, como el contrato “Ruta del Sol III” en la vía entre los municipios de Bosconia y Valledupar, en la que aparece como subcontratista. También logró obtener proyectos en los departamentos de Córdoba y Sucre; y en el departamento de Bolívar habría estado detrás de las licitaciones de los tramos 4 y 5 de Transcaribe.

Pese a los delitos y tras llegar a un acuerdo con la justicia, por aceptar los cargos y ayudar en la investigación, dando nombres de gran parte del entramado de funcionarios públicos y contratistas detrás del escándalo de corrupción como el secretario de Salud de Bogotá, el jefe de la unidad de malla vial, concejales distritales de Bogotá y cuatro autores intelectuales de la operación de corrupción en la contratación de la capital colombiana, incluyendo a Samuel Moreno Rojas y su hermano Iván Moreno Rojas, su condena de 17 años se redujo a 7 años y 5 meses de prisión. Finalmente en agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional.

Pero no paso mucho tiempo, para que se inmiscuyera nuevamente en un escandaló similar, de acuerdo con la periodista de W Radio Paola Herrera, el contratista sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

ICM Ingenieros, le perteneció hasta el año pasado a Luis Guillermo Meza Barragán y al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, y está dedicada a la construcción de obras civiles y participación en contratos de infraestructura vial.

La empresa participó en 2017 y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.

“Como podemos darnos cuenta, desde esta fecha ICM ya había hecho negocios con otra de las empresas involucradas en el polémico contrato de Centros Poblados (Intec de la Costa). En tanto, Belmira Construcciones es una empresa relacionada con otra vieja conocida, que se llama Castor Construcciones, filial de Odeka SAS. Tanto Belmira como Castor tienen a Mónica Padilla como representante legal y en Castor y Odeka aparecen los nombres de Juan Carlos y Juan Camilo Aldana, primo y sobrino respectivamente del famoso y polémico empresario, Emilio Tapia, con quien estuvieron involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá”, reveló W Radio.

Sobre los 70.000 millones de pesos que recibieron como anticipo, Centros Poblados insiste en que cerca de 50.000 millones de pesos ya se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos, llamada Nuovo Security.

Pero según reveló el diario El Tiempo, esa empresa, con sede en Delaware, tiene como socio mayoritario (70 %) a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien a su vez es dueño de Funtics (antes Novatics), empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato de internet, por lo que el dinero no ha salido de las manos de esas empresas hoy investigadas.


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