Daniel Quintero espera que si se presentan retrasos en Hidroituango sean mínimos

Este 15 de septiembre se conoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se están buscando otras opciones ante el proceso que la Contraloría anunció por responsabilidad fiscal por los daños de Hidroituango.

Según el mandatario, si se llega a dar un cambio de empresas constructoras o de contratistas, esperan encontrar soluciones para afectar muy poco el cronograma para que la planta entre en proceso de operación en junio de 2022, recoge Blu Radio.

Asimismo, el mandatario dijo que EPM tiene claro que Hidroituango es un proyecto vital para el país, pues generaría el 17 % de la energía colombiano por lo que la empresa analiza una serie de planes luego de que se conocieran los procesos jurídicos contra 26 personas y empresas involucradas en la construcción de la represa.

Dijo que en dado caso de que se cambie de contratista, el retraso no sea mayor a 3 o 4 meses y así seguir con el cronograma planteado.

“¿Cuál es la noticia tranquilizadora al país?, que EPM reconoce como un proyecto estratégico para la Nación y que está dando todos los pasos que sean necesarios para evitar que el proyecto se retrase y si los hay que estos sean mínimos”, aseveró Quintero.

Defendió el presidente de la Junta EPM que la visita de las 8 empresas constructoras de Argentina, Colombia, China e Italia, que están interesadas y que estuvieron en el proyecto, se haya hecho con la mayor confidencialidad dada la importancia de respetar los procesos, pero sobre todo de preparasen con una propuesta ante el nuevo escenario.

Y es que el pasado 6 de septiembre, se conoció que la Contraloría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal por $4,3 billones dentro de su investigación por el caso de Hidroituango. De acuerdo con el fallo de la entidad, unas 26 personas serían responsables fiscales

En un documento de 2.511 páginas, la Contraloría explicó que dentro del proyecto hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018”.

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, se lee en el fallo.

El documento señala como responsables de ese detrimento fiscal a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2015), a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y al exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

Asimismo, están involucrados los exmiembros de junta directiva: Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina, al igual que los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).

En cuanto a las empresas señaladas están: Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A. Integrantes del Consorcio Ingetec (SEDIC), Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A (INGETEC) y SEDIC S.A.

Por su parte, tras conocer el fallo Conconcreto respondió: “Nos permitimos informar que conocimos el fallo de responsabilidad fiscal, proferido por la Contraloría General de la República, en contra de 26 de los 28 investigados, que incluye a los integrantes del Consorcio CCC Ituango, así como los demás contratistas del proyecto. El monto de la sentencia es por 4.3 billones de pesos a cargo de los 26 imputados, saldo que no ha tenido en cuenta los pagos presentes y futuros de las compañías de seguros”.

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