SAI asegura que fallo de la Contraloría en caso de Hidroituango puede ser devastador

De acuerdo con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, las razonas fundamentales son discutibles, pues aseguran que la Contraloría cambió criterios técnicos por unos del propio ente de control

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Este 13 de septiembre, la junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) publicó un comunicado en el que cuestiona el fallo de la Contraloría General de la República sobre Hidroituango en el que asegura que hay un detrimento fiscal por más de cuatro billones de pesos y señala a 26 personas y empresas que han estado vinculadas al proyecto.

De acuerdo con la SAI, las razonas fundamentales son discutibles, pues asegura que la Contraloría cambió criterios técnicos por unos del propio ente de control.

Asimismo, advierte que, “en este momento no es posible medir las consecuencias financieras del fallo, pero ellas pueden ser devastadoras”. Se refiere no solo a problemas financieros, también de infraestructura nacional: “Por la enorme magnitud e importancia del proyecto Hidroituango, la confirmación de un fallo como este se constituye en un precedente extremadamente preocupante que tendría el efecto de erosionar la confianza de los inversionistas en el sector de infraestructura, además de poner en riesgo el proyecto mismo”.

La SAI asegura que, “ignorar que en la dinámica espontánea de la naturaleza ocurren eventos y respuestas a los mismos que no necesariamente obedecen a mala fe o culpa grave”.

Por último la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos defendió a los involucrados: “Empresas Públicas de Medellín, sus contratistas en el proyecto Hidroituango, y quienes, como miembros de junta directiva o funcionarios públicos, participaron en este proyecto hasta la fecha de ocurrencia del siniestro, han gozado de elevado prestigio ético y profesional a lo largo de muchos años”.

El pasado 6 de septiembre, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones de pesos, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114.94 % el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.

“Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, se lee en el fallo.

El documento señala como responsables de ese detrimento fiscal a los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo (2012-2015), a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015) y al exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

Asimismo, están involucrados los exmiembros de junta directiva: Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina, al igual que los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).

En cuanto a las empresas señaladas están: Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramon H S.A., Ferrovial Agroman Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A. Integrantes del Consorcio Ingetec (SEDIC), Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A (INGETEC) y SEDIC S.A.

Por su parte, tras conocer el fallo Conconcreto respondió: “Nos permitimos informar que conocimos el fallo de responsabilidad fiscal, proferido por la Contraloría General de la República, en contra de 26 de los 28 investigados, que incluye a los integrantes del Consorcio CCC Ituango, así como los demás contratistas del proyecto. El monto de la sentencia es por 4.3 billones de pesos a cargo de los 26 imputados, saldo que no ha tenido en cuenta los pagos presentes y futuros de las compañías de seguros”.

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