Camilo Romero vuelve a pedir garantías tras denunciar “sicariato judicial” de la Fiscalía

El precandidato presidencial por el Partido Alianza Verde Camilo Romero insistió, este miércoles 8 de septiembre, en sus denuncias por el “sicariato judicial” que vendría cometiendo en su contra la Fiscalía General de la Nación. En esta ocasión, el exgobernador de Nariño le pidió mayores garantías a la Corte Suprema de Justicia.

Valga recordar que el ente acusador levantó un proceso en contra del político de Ipiales ante ese alto tribunal desde el 2 de abril de 2018, por supuestas irregularidades en las condiciones de venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño en 2016, durante su administración en ese departamento. No obstante, el proceso lleva frenado desde entonces.

Romero viene denunciando el problema públicamente desde mediados de agosto pasado, asegurando que lo que ha hecho esa entidad después de la audiencia de acusación ha sido dilatar el proceso a comodidad.

“Ha habido de manera malintencionada un juego sucio por parte de la Fiscalía en este proceso. Aquí ni más ni menos lo que ha ocurrido es dilación del proceso y lo han hecho en esta época para que coincida cuando vamos a empezar nuestra candidatura a la presidencia por este país”, advirtió el mes pasado.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que sus denuncias no han surtido efecto, el exgobernador radicó esta tarde una solicitud para que dicho tribunal proceda a revisar y corregir varias irregularidades que ha cometido el ente acusador frente a la Sala Especial de Primera Instancia en la que se encuentra el proceso.

Entre estas se encuentran tanto la mencionada dilatación que coincide con sus aspiraciones presidenciales, como la entrega tardía de pruebas que demuestren una supuesta pérdida de dinero por parte de la gobernación en el contrato de los aguardientes. De hecho, el exmandatario asegura que las que se han presentado hasta el momento contienen información imposible de revisar.

Valga anotar en este punto, entonces, que de acuerdo con voceros de Romero, la Contraloría Departamental certificó que todo el dinero obtenido por el contrato en cuestión entró a la Gobernación de Nariño, por lo que la Fiscalía cambió el delito de peculado por el de favorecimiento a un tercero.

De igual manera, puso en duda que esa sala aceptara el 98 % de las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, incluyendo el equipo móvil que ha dilatado el proceso por más de tres años y que de acuerdo con peritajes profesionales se encuentra descompuesto; pero sólo un 40 % de las que llevó su defensa.

Adicionalmente, está el hecho de que se les ha otorgado principios de oportunidad a dos personas vinculadas en el caso sin importar que, de acuerdo con el equipo del precandidato, ambas habrían expresado no tener ninguna prueba en su contra.

Con todo, Romero insiste en que se le están violando los derechos al debido proceso y a la legítima defensa.

“Qué manera de actuar de la Fiscalía y de la justicia en Colombia, solo para los de ruana, personajes que tienen más de 60 investigaciones como Alex Char y no pasa nada en este país. Aquí hay una justicia selectiva, aquí hay una justicia para acabar a quienes buscamos cambios en este país”, había sentenciado Romero en su primera advertencia sobre el asunto hace dos semanas.

No sobra recordar que, el exgobernador confirmó sus intenciones presidenciales el pasado 7 de agosto, durante un evento público celebrado en el parque La Independencia, en el centro de Bogotá.

Allí anunció que, “a un año de la salida del mal gobierno Duque y que significa el fin de la era del uribismo, posicionamos con la banda presidencial a colombianos y colombianas de todo el país porque con ellos construiremos el primer gobierno ciudadano en la historia de Colombia”.

Desde entonces, el precandidato se encuentra adelantando un recorrido nacional con el fin de escuchar de primera mano las necesidades de la gente para buscar soluciones conjuntas.

SEGUIR LEYENDO: