Uniformadas de la Policía acusadas de extorsionar a familiar de uno de sus compañeros

Una nueva condena contra funcionarios públicos se conoció en los últimos días gracias a la Fiscalía General de la Nación, pues, según confirmaron, el juez 12 penal del circuito de Cali (Valle del Cauca) decidió enviar a la cárcel a dos funcionarias de la Policía Nacional por ser halladas culpables del delito de concusión.

Y es que, tras varias investigaciones realizadas por los funcionarios de la Fiscalía, el juez emitió un fallo que estableció una pena de 8 años de prisión para la intendente Luzaida Sierra Rivera y la patrullera Karen Elisa Borja Rojas. De igual menara, se les impuso un pago de una multa por 66.66 salarios mínimos legales vigentes como también la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 6 años y medio.

De acuerdo con los investigadores, los hechos se remontan al año 2013, en ese momento Sierra y Borja contactaron a la esposa de uno de sus compañeros con el objetivo de exigirle una suma de dinero a cambio de no provocar su destitución de la Policía.

La mujer decidió denunciar a las procesadas debido a la presión constante de las mismas por recibir el dinero. Según las autoridades, este hecho se dio luego de que las policías se enteraran que el patrullero había sido reubicado en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Estación de San Francisco, en la capital vallecaucana, a raíz de la enfermedad de narcolepsia que le fue diagnosticada en 2010.

Cabe destacar que esta enfermedad es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia constante durante el día y ataques repentinos de sueño.

De acuerdo con la información entregada por la denunciante, luego de un mes de trabajo del patrullero en la oficina asignada, la intendente Sierra y la patrullera Borja se quejaron por la condición del uniformado y comenzaron a hacerle exigencias económicas a ella para que su esposo no fuese retirado de la institución, pues argumentaban que él estaba inhabilitado y era incapaz de cumplir las funciones propias de su cargo.

Pero allí no quedaron las exigencias, pues también se conoció que las dos funcionarias conocieron que la hija de la pareja víctima, quien estaba interesada en ingresar a la Policía Nacional. Fue así como se aprovecharon de la situación y le ofrecieron un curso de inducción, siempre y cuando cancelara una cifra mensual de 90 mil pesos.

Aunque parecía que esa exigencia sería lo último que tendría que vivir la pareja del uniformado, con el tiempo, de acuerdo con lo establecido, tales exigencias se volvieron continuas e incluyeron algunos pasajes aéreos, vales de gasolina para sus vehículos, así como financiación de fiestas y regalos.

De hecho, se determinó que la intendente Luzaida Sierra se apoderó de la tarjeta de la cuenta de ahorros de la esposa del patrullero, con la que hizo dos retiros: el 29 de julio de 2013 por $400.000 y el segundo, el 4 de agosto de 2013 por $200.000.

Cansada de la exigencia de dinero, la mujer decidió acudir a las autoridades para denunciar a las dos uniformadas. Fue así como la Fiscalía General les abrió un proceso por el delito de concusión (exigencia de sobornos) y amenazas a testigos.

Cabe anotar que en la audiencia preliminar realizada el 13 de septiembre de 2017 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cali, el ente acusador les formuló cargos a las investigadas por el delito de concusión en concurso heterogéneo con amenazas a testigo. Sin embargo, al proferir la sentencia, el juez de conocimiento las absolvió de esta última conducta.

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