Defensoría pide redoblar esfuerzos para prevenir mayores afectaciones a las comunidades de La Mojana

La Defensoría del Pueblo les solicitó a las autoridades en Colombia reforzar los planes de atención para prevenir mayores afectaciones en las comunidades de La Mojana, debido a las graves inundaciones que se presentan en esta región del norte del país, y que se verían agudizadas durante la segunda ola invernal.

El jefe de esa entidad, Carlos Camargo, visitó el pasado viernes de septiembre el municipio de Guaranda, Sucre, con la intención de evaluar la atención que están recibiendo los damnificados de esta subregión del Caribe colombiano, hacer seguimiento a la situación de derechos humanos y a las condiciones de vulnerabilidad de estos habitantes tristemente acostumbrados a estos episodios.

“Es urgente que los gobiernos refuercen las medidas de contingencia para atender y evitar los daños de las fuertes lluvias y las inundaciones que azotan desde hace varios días a la subregión de La Mojana, pues se pueden presentar nuevos desplazamientos de comunidades que buscan protección y atención a la crisis que están padeciendo”, indicó el defensor.

Según la entidad, más de 1.700 personas de 700 familias han tenido que desplazarse a los albergues dispuestos por las autoridades en Guaranda, sin embargo, esta cifra podría aumentar en los próximos días, debido a que las lluvias continúan y ponen en riesgo el crecimiento de los afluentes que convergen en esta zona.

En ese sentido, Camargo advirtió que si las precipitaciones continúan como lo pronosticó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se seguiría desbordando el río Cauca, el asegundo afluente más importante del país, lo que generaría una afectación mayor, poniendo en riesgo a unas 500.000 personas que habitan este sector.

“El Fondo de Adaptación debe adoptar cuanto antes las medidas necesarias para construir las obras que se requieren con el fin de evitar las afectaciones a los derechos de los habitantes de La Mojana, como consecuencia de las inundaciones que cíclicamente se dan. Todos los años suceden situaciones similares en esta zona y las familias vuelven a padecer el rigor de las lluvias y el no diseño y construcción de soluciones definitivas por parte del Estado”, manifestó Carlos Camargo.

Con el fin de establecer medidas que permitan una mejor y eficaz tratamiento por parte del Gobierno nacional, departamental y local frente a esta crisis, la Defensoría del Pueblo convocó un comité junto a las autoridades locales y regionales, con las que se abordaron diferentes estrategias para mitigar esa situación recurrente.

A su vez, se formularon una serie de recomendaciones a las autoridades responsables del restablecimiento de los derechos y de las situaciones de riesgo, con la intención de idear e implementar medidas en materia de prevención, atención y protección.

“Todos debemos volcar nuestras miradas hacia estas comunidades, a las cuales los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han venido acompañando desde el inicio de la emergencia. Seguimos comprometidos en articular los esfuerzos para que las medidas de contingencia se ejecuten rápido, con el fin de proteger los derechos y la dignidad de la población”, concluyó Camargo.

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