Director de la Unidad de Restitución de Tierras es investigado por la Procuraduría

Por posibles irregularidades vinculadas a los procesos de contratación adelantados entre 2016 y 2018 en la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Procuraduría General de la Nación anunció este martes que abrió una investigación disciplinaria contra el director de la entidad, Andrés Augusto Castro y a su secretario General, Yair de Jesús Soto.

El Ministerio Público informó que se encuentra investigando “posibles fallas en la planeación” en varios de los procesos de contratación que concluyeron en siete contratos de prestación de servicios en 2018 y dos órdenes de compra durante 2016, que involucran a otros siete funcionarios de la entidad encargada de restituir a las víctimas los predios despojados y abandonados de manera forzosa en el marco del conflicto armado.

“La Procuraduría busca establecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que aparentemente habrían generado una sobreestimación de las reservas presupuestales en más de $1.355 millones de pesos”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Según el ente de control, la justificación para conformar las reservas presupuestales en la vigencia del 2018 no corresponde a casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor, como quedó registrado en su momento, razón por la cual se adelanta una indagación en la cual los investigados podrán ser escuchados en versión libre o por escrito si lo desean.

Esta decisión también aplica para el director general de la entidad, Jesús Ricardo, y la directora encargada, Alcelis Coneo; para los exsecretarios generales, Edilma Rojas y Miguel Andrés Franco; para el profesional de redes, Fabián Lonardo Herrera; para el jefe de la oficina de tecnologías de la Información, Luis Alberto Clavijo; y para la líder del grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa, Elizabeth Novoa, quienes se desempeñaban en estos cargos durante el periodo investigado.

Desde el 1 de julio del 2021, unos 10 mil procesos disciplinarios que estaban en etapa preliminar, en investigación disciplinaria o que fueron sancionados en primera instancia y que sucedieron antes del 1 de julio de 2016 quedaron anulados. Esto porque entrará en vigencia del Código General Disciplinario aprobado y creado por el exprocurador Alejandro Ordóñez.

En la actualidad hay pendientes 12 mil procesos de investigación contra funcionarios por temas determinantes, después del 1 de julio, solo quedarán activos 2 mil casos. Entre los casos que se vencerán y que pasarán a la historia, se encuentra el de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por un presunto conflicto de intereses en el proyecto Ruta del Sol II adjudicado a la multinacional Odebrecht. Así mismo, la investigación que se adelantaba contra el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías por su relación con Odebrecht y las sanciones por los procedimientos irregulares en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

El diario El Espectador afirmó que una fuente cercana a la entidad sostuvo que a partir del 2 de julio, en la Procuraduría regirán las nuevas reglas de la Ley 1952 de 2019.

“Si la ley entra en vigencia se nos prescriben unos casos, vendrían unas series de revisiones a procesos y entraría procesos de plena oralidad. Es mentira que los procesos que ya se fallaron vayan a revivir, lo que es cierto es que, si a alguien le equipararon el dolo y la culpa gravísima, siendo el dolo mucho más grave, con sanciones entre los 10 y 20 años de destitución en inhabilitación, esa persona podría pedir la revisión del caso porque la sanción era menor. Si entra en vigencia la ley, yo tendría que levantarle la sanción”, explicó la fuente a El Espectador.

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