Empresas de Bogotá que integran Centros Poblados deberán ceder sus contratos de obra

Este viernes 27 de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) anunció que se encuentra adelantando trámites para que dos empresas, las cuales integran el consorcio de Centros Poblados, involucrado en un escándalo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTic), cedan su participación en contratos de mantenimiento vial.

Las compañías Intec de la Costa S.A.S y Omega Buildings Constructora S.A.S, que hacen parte de la unidad temporal, la cual fue inhabilitada para contratar con el Estado debido a posibles irregularidades en un contrato por $1,07 billones para la instalación de puntos digitales, deberán entregar los nombres de las empresas a las que cederán su participación.

“Las empresas presentaron posibles cesionarios, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, y el IDU procedió a verificar si los eventuales cesionarios cumplían con los requisitos para la cesión, encontrando que no cumplían las exigencias de la licitación pública que dio lugar a dichos contratos, y en consecuencia ambas empresas deberán presentar nuevos cesionarios”, indicó la entidad del Distrito Capital.

Dentro de los contratos que adelantan estas firmas en Bogotá, Intec de la Costa SAS conforma el Consorcio Malla Vial 202, junto a otras dos empresas que firmaron un contrato por $8.571 millones de pesos para reparación de la malla vial, el cual señaló el IDU, tiene un avance satisfactorio de la ejecución.

Por su parte, Omega Buildings Constructora SAS hace parte del Consorcio Construcciones 2020, junto a otras tres compañías, que firmaron un contrato por $9.125 millones de pesos, el cual presenta un atraso que originó un proceso sancionatorio de multa por parte de la entidad.

A su vez, el IDU aseguró que verificó en desarrollo del proceso la autenticidad de las pólizas de estos dos contratos que fueron suscritos el año pasado, las cuales están suscritas con la Compañía Mundial de Seguros Mundial, evidenciando que estas fueron expedidas de manera legal.

Estas empresas se vieron afectadas por el escándalo del contrato de conectividad en el que se habrían presentado hechos de corrupción, y el cual desencadenó en un debate de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien deberá responder junto a Centros Poblados por los $70.000 millones de pesos del adelanto y por la instalación de los 7.000 puntos digitales en los territorios más alejados del país.

Este viernes, el Banco Itaú volvió a asegurar que la garantía que presentó la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para ganar el contrato por un billón de pesos, es falsa.

“Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú”, dijo la entidad financiera.

Así mismo, explicó que se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos. Como se informó en su momento al Ministerio y a los organismos de control, el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es, ni ha sido funcionaria de la entidad.

“Es importante precisar que el banco no expide garantías bancarias a través de intermediarios, pues este proceso lo atiende directamente a través de sus propias oficinas y funcionarios”, aclaró Itaú.

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