Paloma Valencia anunció proyecto para eliminar el ‘delito político’ de la Constitución

La senadora aseguró que bajo ese concepto se indultó a las Farc, se evita la extradición y, como se puede participar en política, se crea impunidad. Su aprobación implicaría un cambio en futuros diálogos de paz

Colprensa
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La senadora Paloma Valencia busca eliminar de la Constitución Política de Colombia el ‘delito político’, un concepto que abarca los delitos cometidos bajo un ideal rebelde o relacionados con la violencia política del país y que ha permitido que movimiento insurgentes como las Farc puedan acceder a indultos, amnistías, que participen de política y que ha evitado que sean perseguidos con objetivos de extradición.

La senadora argumenta que bajo el delito político se ha intentado amnistiar otros hechos ilegales como el narcotráfico, recordando que en el proceso de paz se consideró al narcotráfico conexo al delito político, “todas esas tipos de actividades que uno hace para financiar los crímenes que uno comete contra Colombia”, explicó.

Por eso su idea es abolir este concepto de la Carta Magna, según Valencia, para entender que en Colombia “ninguna violencia es legítima” y así lo ha expresado también en sus redes sociales donde ha rechazado afirmaciones del senador Gustavo Petro, como la que hizo en contra de la condena contra Epa Colombia diciendo que la asonada, lo que para él cometió la empresaria, es delito político.

“Aquí está la confesión de Petro: quiere que todos los desmanes, los bloqueos, la violencia contra los colombianos que ejercieron algunos de la primera línea queden impunes. Petro la justifica como delito político. Ninguna violencia es válida, tenemos que abolir el delito político”, señaló.

En el articulado del proyecto, se pide modificar el artículo 35 de la Constitución y cambiar varios puntos como la no extradición por delitos políticos, además de eliminar el numeral 17 del artículo 150 que concede las amnistías por este tipo de delitos. Además se eliminaría la posibilidad de participar en política y de integrar tribunales como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

Finalmente se pide agregar un nuevo artículo en el que se especifique que “ninguna de las conductas tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico colombiano tendrá la connotación de delito político” y “derogará todas las disposiciones que le sean contrarias”.

La senadora dice que actualmente incluso jóvenes de primera línea basarían su accionar en el delito político para garantizar indultos: “uno puede hacer oposición pero no puede cometer delitos. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene el delito político, y esto debilita la democracia, le deja un hueco”, dijo en diálogo con Infobae Colombia.

Pero, en este caso, dejó en claro que “si bien no puede haber sanciones desproporcionadas contra estas personas, sí debe haber medidas condenatorias contra los actos vandálicos”. Y no rechaza tajantemente que se logren amnistías o indultos en todos los casos ya que deja abierta la posibilidad que el presidente, por norma constitucional, pueda proponerlas y que estas sean aprobadas por el Congreso, “pero se elimina la idea de que están garantizadas como el delito político. Que haya total claridad, quien delinque no puede pretender un trato diferencial. Es como si en Afganistán se tuviera indulto por los delitos religiosos, no. El delito es delito”.

Este medio indagó por el impacto de este proyecto en posibles y futuros procesos de paz o en el mismo marco jurídico del actual con la guerrilla de las Farc y, aunque las leyes no son retroactivas, dice que esto sí cerraría la posibilidad para que se puedan presentar nuevos escenarios como ese, que el Centro Democrático ha criticado desde sus inicios:

“Tiene que ver con un diagnostico mas profundo y es que Colombia lleva más de 30 procesos de paz y sigue con violencia. Por eso es que esta [el delito político] es una de las maneras de perpetuar la violencia en Colombia”, señaló.

De hecho se refirió a un supuesto cambio de nombre del Clan del Golfo a Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y explicó que en el gobierno Santos no se quiso negociar con estos porque no se enmarcaban en la reglamentación de actuar bajo el concepto que piensa derribar y que por eso se habría dado ese cambio “para que en 10 años puedan argumentar que los delitos cometidos fueron políticos y buscar llegar al Congreso”, dijo Valencia a este medio.

Sin embargo, el Gobierno actual nunca ha reconocido a este grupo armado como tal, ya que normalmente los denomina ‘Clan del Golfo’ o ‘Urabeños’.

La senadora dijo que el proyecto por ahora cuenta con el apoyo de la mayoría de la bancada del Centro Democrático, pero que no se ha enviado a otros partidos para buscar su aprobación. El articulado final sería radicado este martes o miércoles ante la secretaría del Senado de la República.

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