La polémica que originó Gustavo Petro al afirmar que los detenidos de la Primera Línea eran presos políticos

En la mañana del pasado domingo 22 de agosto, Gustavo Petro hizo un comentario, en su cuenta de Twitter, que ha generado largos debates. Un publicación del periódico El Espectador fue el detonante de la conversación. El diario explicó que desde el 28 de abril, día en que se llevó a cabo la primera jornada del paro nacional, hasta el 6 de agosto, se han detenido 165 personas que integran la llamada Primera Línea. De acuerdo con Petro, que citó la nota hecha por ese medio de comunicación, las 165 personas que se encuentran en manos de las autoridades podrían considerarse como ‘presos políticos’.

El precandidato presidencial, y senador, aseguró, en su perfil en esa red social, que las más de 150 personas podrían ser clasificadas de esa manera porque fueron detenidos en medio de su legítimo derecho a la protesta.

“Si han detenido 165 jóvenes de primera línea solo por defender el derecho a la protesta, estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, escribió.

El comentario, por su puesto, generó diferentes posiciones. Mientras que algunos internautas se pusieron a favor del político, varios ciudadanos resaltaron errores e inconsistencias en las declaraciones de Petro, en su mayoría, quienes se fueron en contra del líder de la Colombia Humana fueron personalidades de la derecha del país, principalmente, partidarios del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal, una de las senadoras que más indignación mostró frente a ello, aseguró que por comentarios como el de Gustavo Petro debería desaparecer el delito político del código penal. “Es la excusa para la barbarie de quienes quemaron magistrados vivos y ahora dan lecciones de superioridad moral. Sinvergüenzas”, redactó.

“Preso político es alguien detenido por pensar diferente, sin haber cometido un delito tipificado. La “primera línea” ha instalado guayas para degollar policías, los ha quemado, los ha torturado y ha bloqueado ambulancias hasta causar la muerte”, agregó la senadora uribista.

Ernesto Macías, senador de la República, y expresidente del Congreso de Colombia, se unió a quienes rechazaron lo dicho por Petro y, al igual que sus demás colegas, trinó al respecto. “Si Gustavo Petro llama “presos políticos” a los detenidos por presuntos delitos cometidos en episodios de vandalismo, está justificando la violencia y aceptando su injerencia en lo ocurrido”, escribió.

La periodista Vicky Dávila, por su parte aseguró que el senador de la Colombia Humana estaba defendiendo a los capturados de la Primera Línea por vandalismo, y recordó que, además de ese delito, hay algunos otros que están siendo procesados luego de ser señalados de crímenes como homicidio y tortura.

A Cabal, Macías, y Dávila se unió la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien hizo un listado de algunas de las acciones vandálicas de las que fue víctima el departamento, y cuya ejecución se le atribuye a supuestos integrantes de la Primera Línea.

“Discrepo respetuosamente con quienes dicen que todo lo anterior son delitos políticos. No lo son, son delitos comunes y en varios casos, terrorismo. Da la impresión que mucha gente no tienen ni idea de lo que vivimos en el Valle del Cauca en el pasado paro”, comentó la funcionaria luego de enumerar varios de los delitos que, según ella, están muy lejos de ser políticos.

Ante los comentarios en contra de sus declaraciones, Gustavo Petro se dio a la tarea de explicar, punto a punto, su opinión. Para empezar, entregó el concepto de lo que, según él, es un delito político. Argumentó, “el terrorismo lo comete aquel que con dolo, es decir con la voluntad premeditada de hacerlo, busque aterrorizar indiscriminadamente a la población. La protesta busca es reformas del estado, si son violentas se les puede calificar de asonada: un delito político”.

El líder de la Colombia Humana dijo que es un abuso de poder tratar de terrorista a un joven que se ha manifestado en las calles para conseguir un diálogo con el Gobierno, y que esto debe ser sancionado bajo el concepto de violación de los derechos fundamentales. “Si la protesta es violenta y transgrede la ley, el código penal ha tipificado esos presuntos delitos como asonada. La Rebelión, la sedición y la asonada son, según la ley, delitos políticos”, detalló.

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