JEP identifica los cuerpos de ocho víctimas después de 16 años de su desaparición en Sucre

A los allegados se les hará entrega de los cuerpos de manera digna tras más de una década desde que se reportó su desaparición

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que fueron identificadas ocho víctimas del conflicto armado que fueron reportadas como desaparecidas hace más de una década. Los cuerpos habían sido exhumados en 2005 en el cementerio de San Onofre y la finca El Palmar (Sucre).

Este trabajado fue articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), esta última entidad se encargará de la entrega de los restos a las familias. El anuncio se hizo en la audiencia pública territorial que se llevó a cabo en Sincelejo (Sucre).

A través de un acto simbólico, un grupo de gaiteros de Ovejas honró la memoria de los desaparecidos y dieron inicio a la diligencia judicial, que minutos antes había instalado el presidente de la Sección, magistrado Alejandro Ramelli.

Este dolor no debió ocurrir. No puede volver a ocurrir. Debemos hacer lo que sea necesario para que quienes aún no tienen noticia de sus seres queridos los encuentren y logren por fin algo de sosiego. El compromiso de la JEP es mantenernos a su lado en este caminar y dar los pasos que nos corresponden para encontrar a quienes faltan. Seguiremos trabajando”, señaló Ramelli.

La JEP conoció en detalle, y en voz de las instituciones del Estado convocadas, qué ha pasado con las órdenes impartidas en la audiencia pública que se llevó a cabo en noviembre de 2019 en Cartagena. En ella se ordenaron medidas de protección restaurativas con el fin de conservar, identificar y entregar los cuerpos de víctimas de desaparición que se encuentren en los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar; y en las fincas El Palmar y La Alemania.

Justo la finca El Palmar tiene un hecho particular resaltado por el diario El Espectador y que identificó la JEP en la audiencia en Sincelejo y es que al arrendatario de esa finca, Ricardo Martínez Mordecai, es sobrino de Hernán Martínez Torres, quien en su momento ocupó el cargo de ministro de Minas y Energías en el segundo gobierno de Álvaro Uribe.

En esa finca en el 2000 el jefe del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, Rodrigo Mercado Peluffo, la convirtió en una base de operaciones y ahí se reportaron varias desapariciones de personas y se hablaba de que estas eran torturadas. El canon de arrendamiento que pagaba Ricardo Martínez era de $500.000.

En la audiencia adelantada este miércoles, el magistrado Salazar preguntó por qué el valor era tan bajo, pero el representante de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dijo que no tienen la información porque esta existe solo desde 2014 y los datos del contrato de arrendamiento se hizo 11 años atrás cuando era manejada por la Dirección Nacional de Estupefaciente (DNE) que ya desapareció.

Según recoge el diario bogotano, uno de los temores ahora es que la finca sufra afectaciones que afecten el material probatorio ya que actualmente es usada para ganadería.

En 2019 para responder a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición que reclamaron las víctimas, que le solicitaron a la JEP decretar las medidas cautelares de protección, la Jurisdicción ordenó:

1) Presentar un plan de búsqueda en la región.

2) Reconstruir el monumento que fue vandalizado en la entrada de la finca El Palmar.

3) Realizar un estudio técnico para un lugar de memoria en San Onofre.

4) Ampliar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para incorporar los dos cementerios en cuestión. Además, la Sección de Ausencia de Reconocimiento le solicitó a la Procuraduría investigar la presunta responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Alcaldía de San Onofre, la Gobernación de Sucre y la Sociedad de Activos Especiales, por el incumplimiento de los deberes en relación al estado de los cementerios y las irregularidades que se presentan con la finca El Palmar.

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